viernes, 11 de agosto de 2017

Aires buenos y de los otros

6/07/2003

UN JUEZ DE LUJO EN LA CORTE Y POLARIZADAS ELECCIONES

Aires buenos y de los otros

Un embajador sorprendido por el nuevo estilo. La imagen, una obsesión perenne con nuevos contenidos. Zaffaroni, un lujo para la Corte. Un traspié del Gobierno en el Senado. La seguridad en la agenda bonaerense y las sospechas sobre la Maldita Policía y su ingreso en la campaña. Delirios de un sueco bicolor. Y algo sobre temas pendientes.

 Por Mario Wainfeld

 “No vino ni un ministro. Estoy asombrado. ¿Qué les habrá dicho Kirchner? Porque, es evidente, tantas ausencias responden a alguna consigna.” El asombrado, según el relato, era el embajador saliente de Estados Unidos, James Walsh, azorado por el ausentismo estatal en el festejo del 4 de julio, apenas mitigado por la presencia del titular de la SIDE, Sergio Acevedo. Un dirigente peronista de primer nivel que integró otros gabinetes de gobiernos justicialistas, que sí estuvo el viernes en la embajada, cuenta la anécdota y también se sorprende algo.
A esta altura debería moderar su estupefacción y registrar un cambio de estilo. No es que el Gobierno descuide su imagen. Bien atentos a ella están el Presidente y quienes lo entornan. La semana pasada, sin ir más lejos, un cuidadoso aviso, traducido en sonido radial y spots televisivos redondeó la autopercepción oficial tras su primer mes. Y su repercusión fue medida rápidamente mediante una de las más importantes consultoras de opinión, cuyo informe fue leído con tanta atención como si fuera una encuesta preelectoral. El Gobierno, pues, es tan celoso de su imagen como todos. Eso sí, ha elegido nuevos mensajes para enviar, bien diferentes a los que estuvieron de moda por más de una década. Uno de ellos es una marcada distancia respecto de los poderes fácticos a los que sus precursores rindieron pleitesía (baste sacar la cuenta de cuántos ex ministros peronistas y aliancistas honraban las mesas de saladitos de la embajada). Néstor
Kirchner está convencido de que distanciarse, aun físicamente, del establishment económico y político lo embellece y lo mejora ante los ojos de los ciudadanos de a pie.
Esa distancia corporal, que exaspera a un nivel rayano con los celos a cierto empresariado habituado a compartir golf y farras surtidas con anteriores mandatarios, es un signo, hasta ahora congruente con el rumbo elegido. La Rosada juega sus fichas a una apuesta sencilla, la de transmitir una ejemplaridad de signo distinto al menemismo. La frivolidad, el desdén por el futuro, el inmediatismo y el individualismo que cundían en los ‘90 se expandieron como una plaga contagiosa mucho más allá de los confines de un par de camarillas políticas. En la Rosada hay quien cree estar despuntando un fenómeno de signo opuesto. “Créame, ni Kirchner ni el Gobierno tuvieron nada que ver con los allanamientos dispuestos esta semana por la AFIP ni con la prisión preventiva de Eurnekian”, rejura alguien que conoce bien de cerca al Presidente “pero esto tiene que ver con el clima que venimos generando”.
La designación de Carlos Fayt como presidente de la Corte también es vista por el oficialismo como un signo auspicioso. “Se están desmenemizando”, neologiza una primera espada del Gobierno. Eduardo Moliné O’Connor se corrió del cargo de vicepresidente y, aunque emita bravatas por radios ubicadas a la derecha del dial (ideológico), tiene cara de ir armando los petates más pronto que tarde. La propuesta de Eugenio Raúl Zaffaroni para reemplazar a Julio Nazareno (algo así como si Ronaldo sustituyera a un gordo patadura que jamás jugó en primera) redondeó una jugada política inobjetable. Rápida fue la ofensiva contra Nazareno y sorprendente fue la elección del Presidente, amén de inobjetable. Los sobrados pergaminos de Zaffaroni dejaron casi sin habla a buena parte de la derecha vernácula. La hegemonía cultural de la derecha reaganista tardía que asoló estas pampas generó algunos mitos ridículos. Uno de ellos era dar por implícito que los garantistas son opinadores sin consistencia, ni saber alguno y que la “seriedad” es patrimonio de cierta derecha. Un mito que se hizo añicos con solo poner a la luz pública los antecedentes y el curriculum de Zaffaroni, revelando que la troglodita derecha nativa no tiene juristas de tamaño nivel, aunque sí cuenta con radios, canales y diarios adictos... a la mano dura, que no a la sintaxis castellana.
Queda claro que el Presidente quiere un Supremo consustanciado con el mal apodado “garantismo”, a un consecuente defensor de las libertades públicas y de los derechos humanos. Está dentro de sus facultades y es lógico que el Gobierno elija a personas que compartan su visión del mundo. Máxime si estas personas, como Zaffaroni, son una garantía de no obsecuencia y de no alineamiento automático. El periodista Fernando Cibeira reveló en una nota publicada en este diario que Kirchner tuvo in mente a otros dos juristas destacados, Héctor Masnatta y Esteban Righi y que un dato para dejarlos de lado fue su condición de peronistas. Evitar, en suma, toda sospecha de partidismo. Cuestión de imagen, pero bajo un nuevo prisma.
“Acá” estamos
“Vamos a desbancar a Ramón Puerta con Rovira en Misiones, vamos a derrotar al PJ en Catamarca y acá también vamos a ganar.” “Acá”, dice el funcionario y señala a la Plaza de Mayo desde su despacho en la Casa de Gobierno. “Acá”, entonces, es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la primera persona del plural se redondea con Aníbal Ibarra. Con un ojo en surtidos territorios, el kirchnerismo trata de armar su propia base política, que combina nuevas coaliciones y algunas más pretéritas, no siempre venerables.
La más consistente, aunque haya quien porfíe en ver algo distinto bajo el agua, es la que liga a
Kirchner con Eduardo Duhalde, quien estará, casi tan bronceado como Carlos Ruckauf (y ya es decir), desde el comienzo de la semana que se inicia mañana en la Argentina. Duhalde es el único peronista extramuros con el que Kirchner, ponderan quienes lo conocen de cerca, tiene un pacto de sangre. En estos días el Gobierno, tributando a esa lealtad, melló un poco su coherencia y la imagen mentada en el párrafo precedente. Fue en la apresurada sesión del Senado del jueves en la que el PJ buscó sentar a María Laura Leguizamón en una banca que, ni ética ni legalmente, le corresponde. Es la que ganó, por mínimo margen de votos, Alfredo Bravo a Gustavo Beliz, actual ministro de Justicia. Una chicana judicial de Beliz llevó la disputa a Tribunales. La función esencial de la Justicia electoral es honrar la voluntad del electorado, pero en este caso, como en tantos otros, el derecho cedió en favor del poder político gobernante. Un fallo de conjueces, sospechoso y hasta denunciado por uno de los magistrados votantes, le dio la banca no ya a Beliz sino a su suplente Leguizamón. Es decir, a quien nadie votó y casi nadie conoce entre los votantes. El fallecimiento de Bravo en el interregno, irrelevante desde el punto de vista legal, le da al episodio una inusual carga simbólica y debería impulsar a los peronistas a tener cierta templanza y no abalanzarse sobre una banca mal habida. La prisa en colocar a la duhaldista Leguizamón en el Senado derivó en un cruce entre Cristina Fernández de Kirchner y Vilma Ibarra, quienes se supone forman parte del operativo “vamos a ganar acá, en Capital”.
La elección porteña, cuyo cierre de listas coincide con el de esta edición, viene prometiendo un escenario de alta polarización, con resultado abierto. En otro territorio, más propicio al peronismo y al duhaldismo, también en vísperas de comicios, el aire se está enrareciendo.
Una cama ahí, por favor
“No vayas, Felipe, te están armando una cama.” De un lado del celular estaba el gobernador Solá con un pie en el estribo del helicóptero para rumbear a Lanús; del otro su ex funcionario Marcelo Saín. El anuncio sorprendió al gobernador que no tiene trato muy estrecho con Saín, quien llegó a su gestión traído por Juan Pablo Cafiero. Saín denunció desde el gobierno una trama ilegal de financiamiento de la política que implica al poder político y a la Bonaerense. Y terminó yéndose con algún estrépito. (Caín lo rebautizó alguna vez Duhalde, haciéndose el distraído o el malévolo.) Lo real es que Caín-Saín sabía de lo que hablaba, tanto cuando hizo su denuncia como cuando telefoneó a Solá. En este caso, le advertía que, a veinte cuadras del acto del homenaje a Perón al que acudía el gobernador (y a diez de donde recalaría el helicóptero) estaba armándose una de tantas puebladas contra la policía provincial. Y que esa movida, enderezada a los “jefes de calle” de un barrio de Lanús y por ende al intendente Manuel Quindimil, podía derivar en una movilización contra el gobernador. Este, alertado, decidió acudir al acto, una misa con olor a naftalina, armada en un estilo casi tan paleozoico como el propio Manolo Quindimil (y ya es decir). Al volver, precavido, el gobernador evitó volver al helicóptero.
La “cama” tiene su historia y sus patibularios muebleros. Saín y Solá, que vienen conversando off the record desde hace un tiempo, coinciden en un diagnóstico: una trama de policías retirados, colegas en actividad y agencias de seguridad fogonean la campaña de Luis Patti. Algunos altos funcionarios de seguridad de la provincia están convencidos de que hay manos policiales no inocentes de designios políticos en el estentóreo y preocupante secuestro del padre del futbolista Astrada. Nada se dice en voz alta, por ahora, para no interferir en la tensa investigación.
La inseguridad, para solaz de Patti y Aldo Rico, se ha convertido en la principal noticia vinculada a la provincia. Y no da la sensación de que sea fruto del azar. La Bonaerense, erizada porque se están investigando los patrimonios de sus popes, bien puede haberse sumado capciosamente a la campaña. La revelación –obtenida por el periodista Andrés Klipphan de la revista Veintitrés– de que el jefe de la Bonaerense Alberto Sobrado tenía más de 300.000 dólares en un paraíso fiscal cayó como balde de agua fría en el gobierno provincial. “Antes de nombrarlo le hicimos una ambiental, miramos dónde vivía, qué auto tenía, indagamos su tren de vida, pero no teníamos cómo saber que tenía plata afuera”, rezongaban en La Plata. La decisión de Solá, tras reclamar a Sobrado explicaciones que éste no pudo dar, fue pedirle la renuncia. En el ínterin Juampi Cafiero incurrió en un traspié, que fue el de decir que Sobrado dimitió por motivos personales, siendo que ya era público que mediaban miles de razones verdes para que Sobrado sobrara.
En medio de la crisis, Solá telefoneó a Kirchner para solicitarle colaboración del gobierno nacional en la política de seguridad bonaerense. Solá busca “saturar” de uniformados el conurbano y para eso necesita apoyo del Gobierno y las fuerzas de seguridad nacionales. Kirchner, cuentan sus allegados, ya estaba decidido a comprometerse en ese espinoso frente y al tiempo estaba algo molesto con lo que consideraba cierta inacción de Solá. “Felipe es muy protestón y quejoso, siempre se siente perseguido –describen en un alto despacho de Balcarce 50–, Néstor lo quiere ayudar pero le molestan su estilo y su tono.” Lo cierto que el compromiso oficial llegó, precedido de un reto de Gustavo Beliz a quienes no tomaban el toro por las astas, que hizo crecer ronchas en La Plata. Hay quien piensa en el alto nivel del gobierno de la provincia que Beliz se mandó solo. Parece difícil que un mensaje tan fuerte no haya contado con un guiño presidencial, máxime tomando en cuenta lo mucho que centraliza Kirchner los mensajes del Gobierno (sobre todo este tópico ver asimismo página 4 de esta misma edición).
Más allá del reto, el Presidente le ha puesto el cuerpo al tema y es innegable que “jugará” del lado de Solá en las elecciones, que bien pueden llegar a un escenario polarizado, a poco que Rico y Patti junten sus fuerzas. De cara a ese futuro más que posible, Eduardo Sigal, frepasista–kirchnerista, bajó su candidatura y apoyó a Solá, facilitándole un barniz progre que no ha de venirle mal. El gobernador anhela reforzarlo consiguiendo algún acuerdo con Francisco (Barba) Gutiérrez, quien por ahora se candidatea con lista propia.
La elección provincial es a una sola vuelta, sin ballottage, a simple mayoría de sufragios, y Solá aspira no solo a ganar sino a obtener una mayoría que le permita gobernar. Un eventual frente represor-mano dura en su contra le generaría un desafío mayor, pero puede propiciarle también un voto útil de sectores moderados y hasta progresistas, para añadir a su caudal territorial, algo no tan diferente a lo que le pasó a Kirchner a nivel nacional.
Queda el enigma de si Duhalde “abrirá” la lista de diputados nacionales. “Kirchner no le pidió nada”, asegura un ex ministro y eterno confidente de Duhalde, a la sazón integrante de esa lista. “Kirchner no me pidió nada”, relató Solá a los suyos. Si ambos dicen la verdad, si Kirchner nada pide, difícil será que Duhalde toque su armado.
En cualquier caso, la intrincada relación de la Bonaerense y los intendentes provinciales, en la que circula mucha más plata y mucho más poder que el efímero que tuvo Sobrado estará en juego en las elecciones bonaerenses. Y dos patibularias figuras, Patti y Rico, con un discurso brutal y banal, están dispuestas a pescar en ese río revuelto.
El negro albino
“Macri va a ganarle las elecciones a Ibarra, profesor, sencillamente porque un bostero siempre le gana a un gallina.” El politólogo sueco que hace su tesis de posgrado en la Argentina está enloquecido de fervor boquense y parece haber perdido la cordura y hasta su pertenencia socialdemócrata. El correo electrónico que le ha enviado a su padrino de tesis, en Estocolmo, combina delirios futboleros con tesis conspirativas (“Kirchner banca a Ibarra porque los de Racing son resentidos y Alberto Fernández juega con el frepasista porque los de Argentinos Juniors no nos perdonan que nos hayamos llevado a Maradona”) y afirmaciones asombrosas. El decano de la Facultad ha tenido que contratar a un traductor, un reo argentino que se las rebusca de mecánico en un taller de la capital sueca, para que le explique qué diantres le está diciendo su discípulo. Cuando se lo revelan, no lo puede creer. El estudioso añade que ha de sumarse a la campaña de Macri y proponerle que Carlos Tevez sea su vocero. Y añade una explicación sobre la polémica adhesión de Mercedes Sosa al empresario. “Es que Mercedes es la Negra, y todos los negros somos de Boca”, se jacta. El decano no entiende nada, ya que su (“ex”) protegido es rubión, casi albino. Pero el politólogo está enloquecido y sigue tipeando incoherencias, sin parar de trepar, notebook en mano, por la escalinata del Obelisco.
Sobre frentes
y estrategias
“Vamos a seguir abriendo frentes”, se congratulan todos los integrantes del Ejecutivo en voz alta o baja. Lo de la Corte parece resuelto y la intervención del PAMI es un secreto a voces. “Qué vendrá.” En la Rosada nadie lo cuenta y acaso muy pocos lo saben. Quizá la SIDE –en la que ha recalado un “pingüino” de la primera hora, Acevedo, quien estará ahí poco tiempo– sea un objetivo en la mira. Se trata de un foco no menos séptico que el PAMI, aunque con menos funciones útiles conocidas. Habrá que ver.
Esa acumulación de tácticas es en sí misma una estrategia tendiente a acumular poder para el Presidente y combatir la corrupción. Recuperar el prestigio del Estado es un objetivo cabal e indisputable que tiene el grato aderezo de contar con la aquiescencia (ahora, cuando los activos públicos pasaron a manos privadas) de los organismos internacionales de crédito.
El Gobierno ha conseguido también colonizar la agenda política cotidiana. Repasándola, empero, se advierte que poco y nada se habla de algunos ítem que Kirchner mismo trajinó en su campaña como el “neokeynesianismo” o la desigualdad social. La Argentina terminó como debía, catastróficamente, el sueño perverso que fue la convertibilidad. El final de la paridad fija y su secuela recesiva y favorable al capital financiero derivó, diríase naturalmente, a una silvestre reconversión exportadora. Una módica si que sostenida reactivación, muy favorecida por la brutal trepada de un tipo de cambio cruel para quienes viven de ingresos fijos en pesos, es el tono de los últimos meses. La recuperación de variopintos instrumentos de política económica y la capacidad de Roberto Lavagna para timonear esa etapa obraron un cambio y un alivio. Suponer que esas tendencias implican un modelo de crecimiento equitativo o un principio de solución a la desigualdad, a la miseria salarial, a la desocupación, es un espejismo. Una sociedad cuyos sectores más dinámicos son los que exportan alimentos, a veces con algún valor agregado, energía y commodities no es un prospecto de un neodesarrollismo virtuoso para un país dependiente.
En medio de la primavera política que el Gobierno se ha ganado a pulso, en el entusiasmo que produce la resurrección (desde el Gobierno, por añadidura) de una agenda progresista, la ausencia de ese ítem es una carencia que no se podrá prolongar por mucho tiempo.
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 LA DESIGNACION DE ZAFFARONI Y LA REMOCION DE MOLINE

Limpieza

Como Mitre hace 140 años, Kirchner eligió para la Corte Suprema de Justicia a un adversario político. Zaffaroni había objetado la reforma constitucional en Santa Cruz y había llegado a comparar el procedimiento reeleccionario con el colapso de la República de Weimar ante el hitlerismo. Mientras se sigue el procedimiento del decreto tres patitos para su designación avanzará el juicio político contra Moliné. Ambos casos favorecen la imprescindible limpieza de uno de los mayores focos de corrupción de la década pasada.

 Por Horacio Verbitsky

 La propuesta designación de Raúl Zaffaroni como ministro de la Corte Suprema de Justicia y la apertura del juicio político contra Eduardo José Antonio Moliné importan una declaración de principios y un programa de acción, sobre una serie de temas que a lo largo de dos décadas se han convertido en estigmas de la democracia argentina:el desconocimiento sistemático de los derechos económicos, sociales y culturales, la degradación de los derechos civiles y políticos, la impunidad para quienes atropellaron los derechos humanos y la corrupción del sistema político por el poder económico.
Desprestigio de
la democracia
Cuando Néstor Kirchner recién comenzaba su carrera política en la Patagonia, Zaffaroni firmó un trabajo sobre “Dimensión política de un Poder Judicial democrático”, que hoy puede leerse como una prognosis de lo que ocurriría en la Argentina. Ante la falta de una justicia que imponga la supremacía constitucional y que opere con cierto grado de eficacia en la decisión y solución de conflictos, decía Zaffaroni, “cada vez serán menos los obstáculos al ejercicio arbitrario del poder las mayorías coyunturales y los políticos se burlarán cada día más de los límites constitucionales a su poder, no habrá un acotado espacio de juego democrático, sino una selva de disputas con cualquier medio y a cualquier precio, la demagogia y la irracionalidad triunfarán cada día más sobre la racionalidad y la serenidad, y nuestras débiles democracias serán cada día más dictaduras en envase democrático, hasta acabar despreciando la forma, y, lo que es más grave aún, hasta que los mismos pueblos desprecien a las democracias, porque en su experiencia histórica concreta no las perciban más que como una máscara encubridora de la arbitrariedad”. Esto también ahuyentará la inversión, “salvo que se compense la inseguridad derivada con un margen de renta mayor, lo que favorece al capital pirata y especulativo en detrimento de la inversión productiva y razonable”.
El amigo del enemigo
En su última conferencia de prensa, Julio Nazareno se burló de quienes cuestionaban la adicción del tribunal que encabezó al ex presidente Carlos Menem. “¿Y a quién van a designar, a un enemigo?”, preguntó con intención irónica. El ex jefe de policía de La Rioja expresaba el sentido común de una sociedad adormecida que llegó a considerar natural la aberración. Por eso la nominación de Zaffaroni causó estupor. No sólo no es amigo del Poder Ejecutivo, sino que militó dentro de lo que el smittiano-sin-saberlo Nazareno (quien podrá preguntarle a Eduardo Moliné qué quiere decir esto) consideraría el bando enemigo. Su relación más estrecha en Santa Cruz fue el ex diputado nacional por el Frepaso Rafael Flores, el más enconado adversario político y también personal del presidente. Zaffaroni objetó la reforma constitucional que en esa provincia permitió la reelección de Kirchner y la comparó con la sustitución de la República de Weimar por el decisionismo hitleriano en la Alemania de 1930. El constitucionalista Gregorio Badeni (defensor de Nazareno y Moliné) escribió que los jueces de la Corte deben constituir “una barrera infranqueable para la acción de los estamentos políticos en defensa de las libertades civiles y públicas. A esa finalidad respondió la decisión del presidente Bartolomé Mitre cuando escogió a los miembros de la primera Corte entre sus adversarios políticos”. En palabras del propio Mitre, por venir de la oposición esos hombres darían a sus conciudadanos “la mayor seguridad de la amplia protección de sus derechos” contra “las demasías de los otros poderes del Estado”. Palabras de Badeni y Mitre que parecen escritas a propósito de la designación de Zaffaroni. Como es imposible atacarlo desde puntos de vista éticos o de idoneidad, algunos cuestionamientos han hecho hincapié en la ideología de Zaffaroni, mal resumida como “garantista”. Un diario humorístico lo acusó de ser soltero y no tener hijos.
El poder punitivo
Algunos de los casos por los que la Comisión de Juicio Político decidió abrir el procedimiento de remoción contra el especialista en tenis y juicios contra el Estado Moliné, son ilustrativos de las concepciones anacrónicas que la Corte de Nazareno personificó. La reforma constitucional de 1994 creó en su artículo 114 el Consejo de la Magistratura, al que le encomendó “administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia” y “ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados”. Las razones para su creación estaban explicadas en aquel trabajo de Zaffaroni: los tribunales supremos con vocación por “el ejercicio del poder interno” cumplen en forma defectuosa sus funciones propias. “Subordinan sus funciones judiciales a las administrativas y pierden la mayor parte del tiempo en estas cuestiones, por no decir en estas intrigas. Un juez constitucional no debe perder su tiempo en comprar bombitas de luz o en reparar ascensores”. Bajo la amenaza de declarar inconstitucional cualquier aplicación práctica de los preceptos del artículo 114, la Corte se las ingenió para retener el control del presupuesto y las facultades disciplinarias que desde hace una década no le corresponden. En su ejercicio, impuso una multa del 30 por ciento de su sueldo al camarista Mario Magariños en setiembre del año pasado. Magariños fue secretario letrado de la Corte Suprema en la década del 80 y como tal participó en la redacción del único voto en contra de la constitucionalidad de la ley de obediencia debida, que firmó el ex ministro Jorge Bacqué. Nazareno, Moliné, Adolfo Vázquez, Guillermo López y Augusto Belluscio prácticamente lo acusaron de traición a la Patria.
Marche preso
La historia del caso por el que fue sancionado es ilustrativa en más de un sentido. En 1992 el ciudadano Carlos Alberto Fernández Prieto fue detenido por la policía, sin orden judicial ni explicación. La mayoría menemista enmendó la jurisprudencia de la Corte en el caso Daray, de 1985, y sostuvo que bastaba con que la policía considerara sospechosa la actitud de una persona para que pudiera detenerla. En disidencia votó, como de costumbre, Enrique Petracchi. “Si no se conoce a partir de qué circunstancias se infiere que un ciudadano es sospechoso”, y tampoco se expresa “cuál era la actitud o qué era lo que había que sospechar”, escribió, “el control judicial acerca de la razonabilidad de la medida se convierte en poco más que una ilusión”. Magariños había escrito un comentario académico sobre el fallo para la revista especializada La Ley. La definición de sospechoso “no puede quedar librada a la pura subjetividad del funcionario que efectúa la detención” y “los motivos o causas para detener a alguien sin orden escrita deben hallarse definidos en la ley”, sostuvo. Los defensores oficiales llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pidieron un dictamen a Magariños. La Corte y el Estado Argentino sostuvieron que la legitimidad de la detención “se probó posteriormente”, al descubrirse que el hombre poseía sustancias narcóticas de uso prohibido por las autoridades sanitarias. Magariños recordó que la ley, la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos requieren la existencia de una causa previa y no posterior para detener a una persona.
Autoridad por principio
Bajo la conducción de Carlos Rückauf, la Cancillería denunció a los defensores oficiales y a Magariños ante la Corte Suprema, que remitió el caso a su secretaría de auditores. Petracchi recordó que los defensores oficiales sólo habían cumplido con su deber y formuló “fervientes votos para que suceda más a menudo esto de que tomen tan en serio su función”. Respecto de Magariños sostuvo que había cumplido una de las funciones específicas de un profesor universitario, como es opinar sobre puntos jurídicos conflictivos. “Para eso paga el Estado aun cuando a veces lo que opinen los profesores le juegue en contra, pues esto es lo que nos define como Estado pluralista”. También advirtió que el pretendido gesto de autoridad de la Corte acrecentaría “el renovado desprestigio de los tribunales argentinos”. Gustavo Bossert agregó que el dictamen, emitido como profesor, a pedido de la defensa, no justifica reproche alguno “en su conducta de juez”. Cuando el cardumen menemista (en este caso con la ayuda de Belluscio) restableció el principio de autoridad y la seguridad del Estado al sancionar a Magariños, Bossert recordó que no corresponde a la Corte Suprema sino al Consejo de la Magistratura “la aplicación de sanciones disciplinarias a los jueces”. La semana pasada, el Consejo le dio la razón: una amplia mayoría de sus integrantes revocó en sesión plenaria la sanción a Magariños, dijo que la Corte no tenía atribuciones para castigarlo y que el camarista no había cometido ninguna falta que justificara la sanción. Ahora será el turno de Moliné para formular su descargo.
En barra
Si este caso se refiere al empleo abusivo y autoritario del poder, la actuación de Moliné respecto del Grupo Meller remite a la corrupción que devastó al Estado. La primera denuncia fue presentada por la SIGEN y la Oficina Anticorrupción abrió una investigación preliminar, en cuyo transcurso reconstruyó así lo sucedido:
1 Meller ganó la licitación para imprimir y distribuir las guías telefónicas de la Ciudad de Buenos Aires. Debía pagar a ENTel (ya en proceso de privatización) una suma fija más un porcentaje sobre la publicidad vendida.
2 ENTEl facturaba y cobraba la publicidad y de allí deducía su canon y gastos de cobranzas. Meller le entregaba una cinta de facturación con los abonados a quienes se les debía cobrar. ENTel debía entregar a Meller otras cintas con un detalle de los registros facturados.
3 En 1994, Meller reclamó y Alsogaray aceptó, el reintegro de 2,9 millones de dólares, más sus intereses, en bonos de tesorería a diez años.
4 La SIGEN sostuvo que se había pagado un 142 por ciento de más y no en bonos sino en efectivo.
5 El 28 de junio de 1995, Meller reclamó lo que llamó una “rendición de cuentas y liquidación final” del contrato. Pero en los registros informáticos de ENTel el expediente figuraba abierto recién el 15 de enero, seis meses después de la presentación. Esta era una distancia inexplicada y que no había ocurrido en ningún otro caso. Además ese reclamo no aparecía mencionado en los otros expedientes promovidos por Meller contra ENTel ni en el listado elevado a la Comisión Fiscalizadora un mes después de su presunta presentación. Esto creó la sospecha de que había sido antedatado para filtrar un reclamo indebido. Meller lo fechó el 28 de junio. El 30 vencía el plazo para peticionar créditos originados antes de 1991. Después del cierre de la facturación de cada año había un plazo de cuatro meses para la rendición final de cuentas del contrato. Pero en este caso, Meller esperó nada menos que cuatro años.
6 ENTel comunicó que en sus archivos no había documentación referida a la publicidad en las ediciones de 1988/89/90 y Meller afirmó que según su contabilidad ENTel le debía 43,6 millones. Alsogaray reconoció 28,9 y dispuso pagarlos. “¿Cómo conocer si los valores finalmente alcanzados por la rendición de cuentas fueron inflados, sobreestimados o tan siquiera valuados demasiado convenientemente a los intereses de la reclamante? No hubo manera. ¿Quién defendió los intereses económicos del Estado Argentino en dicho reconocimiento de deuda? Nadie”, afirma la Oficina Anticorrupción. El reclamo se abrió a prueba de acuerdo a los registros contables y documentales de la contratista, auditados por un estudio ofrecido por Meller, Grant Thorton, Riádigos, Trossero & Asociados. El Estado dijo que debía aplicarse “el principio de la buena fe en los negocios jurídicos” (sic). Esto es “una utopía que no encuentra demasiado espacio en los vertiginosos años noventa”. La ausencia de toda documentación no sólo impide examinar “los efectos o alcances de la invocada renuncia previa de derechos, sino también la legitimidad del pedido en cuanto a su concreta composición patrimonial, la que el Estado rápida y calladamente aceptó”.
7 La Sigen recomendó elevar las actuaciones en consulta al Ministerio de Economía y Obras Públicas, cuya Dirección de Asuntos Jurídicos sostuvo que no correspondía el pago: al recibir los 2,9 millones por 1988, Meller había renunciado a nuevos reclamos por 1989 y 1990.
8 La Procuración del Tesoro dictaminó el 13 de febrero de 1998 que los hechos y derechos invocados eran falsos y que ENTel no debía nada. Según la ley 12.954, ese concluyente dictamen era de cumplimiento obligatorio.
9 Sin embargo, Alsogaray sólo suspendió el pago, sin revocar la decisión, hasta pedir otras opiniones. El 26 marzo de 1998, mientras Menem luchaba por su rrrelección, el compañero Rodolfo Carlos Barra opinó en carácter de consultor técnico externo que correspondía pagarle al compañero Meller, como sostenía la compañera Alsogaray. Lo mismo había opinado el compañero Juan Carlos Cassagne, socio de Meller en Aguas Argentinas, ofrecido como experto de parte.
10 Con esos avales, Meller apeló ante el Tribunal Arbitral de Obras Públicas, que falló en su favor, con un sofisma de procedimiento: dijo que una vez pronunciado el consultor externo recobraba vigor la resolución inicial, que debía ser cumplida.
La Oficina Anticorrupción destacó “la vehemencia y favorable disposición” con que Alsogaray buscó la forma de “mantener incólume la decisión de abonar”. En cambio, no se hizo nada para “cuestionar, discutir y/o negociar la rendición y liquidación final de cuentas de un contrato que a la postre le significaba un detrimento económico de notoria importancia a la rentas nacionales. Parecen haberse confundido desde esta visión el interés del Estado con los intereses de las partes privadas”. Esto es algo más que una mera sospecha. La Oficina Anticorrupción detectó nueve llamadas telefónicas desde las oficinas de Meller hasta el 48033004, uno de los números del domicilio de la ingeniera Alsogaray, en el petit hotel malhabido de la calle Junín 1435. “La mayoría de las llamadas tuvieron ocurrencia con posterioridad a que el trámite del cobro fuera bruscamente detenido por el dictamen de la dirección de jurídicos del entonces Ministerio de Obras y Servicios Públicos y ello fuera notificado a la ex ENTel.”
Juegos de azar
La liquidación de ENTel recurrió entonces a la Corte Suprema, cuya mayoría automática rechazó su pretensión con el argumento de que una vez elegido el arbitraje no es posible recurrir a la justicia. Las partes pueden renunciar a un derecho y nada impide incluso que lo sometan al azar, “que puede ser de un juego, apuesta o un echar suertes”. Como si ellos nada tuvieran que ver con lo que enuncian, Nazareno y Boggiano agregaron en un párrafo notable que “no es dable afirmar con arrogancia que un proceso judicial pueda hacer más equidad que aquellos métodos, pues la crisis actual de la seguridad jurídica conduce a las partes a elegir alternativas de solución de controversias prescindentes de la jurisdicción estatal”. Es decir, condenaron al Estado a aceptar un fallo arbitrario del Tribunal Arbitral en vista de la inseguridad jurídica que ellos mismos habían instaurado.
La disidencia de Carlos Fayt y Enrique Petracchi refutó esta pretensión asombrosa. El régimen establecido “es voluntario para el contratista” pero “no lo es para el Estado Nacional, quien se ve compelido al arbitraje por su contraparte. En tales condiciones se trataría de un verdadero arbitraje obligatorio o forzoso, toda vez que una de las partes no puede eludirlo”. Tales fallos gozan de la autoridad de cosa juzgada “sólo hasta cierto punto y dentro de ciertos límites”, si los procedimientos se cumplen en forma regular y los jueces respetan los principios del debido proceso. El derecho a la revisión judicial “constituye un imperativo del orden constitucional del que en definitiva depende la supervivencia misma del estado de derecho”. Al entrar al fondo de la cuestión señalaron que los árbitros faltaron a su deber porque omitieron pronunciarse sobre el punto central, que era determinar si la decisión de pago de la ingeniera Alsogaray “constituía un acto regular y legítimo”, único caso en el que debía ser cumplida. “De lo contrario debía ser declarada lesiva del interés público y dejada sin efecto”.
En consecuencia votaron por devolver las actuaciones al Tribunal Arbitral para que dicte un nuevo fallo, con algunas recomendaciones muy precisas, como calcular los pagos parciales que ya había recibido Meller y explicar cómo un saldo de 1,6 millón a valores de 1989 y 1990 pudo transformarse en 57 millones de 1996, según informó un perito contable. A una conclusión similar pero con sus propios concisos fundamentos llegó Augusto Belluscio.
La Corte Suprema sabía de la causa contra la ingeniera Alsogaray porque tanto la Oficina Anticorrupción como el fiscal Gerardo Di Massi se lo habían hecho saber al solicitarle fotocopias del expediente. La mayoría automática prefirió ignorar que ese grave perjuicio al Tesoro se consumaba mediante un probable delito. Por el contrario, se apuró a ordenar que el Estado Nacional pagara al Grupo Meller 30 millones de dólares más los intereses de tres lustros, que según el ministerio de Economía y la Procuración General del Tesoro no correspondían. La semana pasada los jueces Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani, de la Sala I de la Cámara Federal de la Capital, ordenaron al juez Jorge Ballestero que procese a la ingenieria María Julia Alsogaray y al ministerio de Economía que se abstenga de pagar los 400 millones de pesos que reclaman los Meller. También liberaron al Estado de la multa de mil pesos diarios por la demora en el pago que le había impuesto el juez federal en lo contencioso administrativo Sergio Fernández, uno de cuyos hermanos, Javier Fernández, fue secretario en la Corte de Adolfo Vázquez y Rodolfo Barra y otro, Claudio Fernández, fue procesado por el propio Gabriel Cavallo cuando era juez, en una causa por la venta de una sentencia a una empresa de energía.
El fallo de Cavallo y Vigliani aportará elementos de interés al juicio político contra Moliné, quien fue uno de los jueces de la Corte Suprema que avalaron el pago ilegal. Pero también puede servir como cabeza para un megaproceso a la corrupción en las privatizaciones de la década pasada, en el que los Meller fueron testaferros del menemismo. Asociados con el Grupo Soldati y con capitales franceses, estos colocadores de alfombras representaron la parte del menemismo en los consorcios que se adjudicaron las licitaciones de Aguas Argentinas, Transcogas Inversora, Discogas Inversora, Aguas del Illimani de Bolivia, Aguas Provinciales de Santa Fe y Aguas Cordobesas. Una vez que la misma ingeniera Alsogaray concedió aumentos de tarifas de obras sanitarias y además las dolarizó, el Grupo Meller vendió su parte. Como Menem y los suyos habían cumplido el compromiso de destrozar el contrato inicial de Aguas Argentinas, que prohibía aumentos, los franceses y Soldati les permitieron volver líquidas sus tenencias accionarias. Nada más oportuno que reabrir este capítulo, justo ahora que comienza la renegociación de los 61 contratos con las empresas privatizadas que prestan servicios públicos. Cuando el tema vuelva a la Corte, faltarán Nazareno y Moliné pero estará Zaffaroni.

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