martes, 8 de agosto de 2017

Koehler viene a Argentina año verde

22/6/2003

EL VIAJE DEL TITULAR DEL FMI TRAS OTRA SEMANA PROPICIA PARA EL GOBIERNO

Koehler viene a Argentina año verde

El estilo presidencial, visto por los suyos. Sus logros actuales y algunos riesgos virtuales. La reforma antievasión y el contexto de la inminente discusión con el FMI. Nazareno, en preembarque y otros remojando barbas. El PAMI, el problema empieza ahora. Santiago del Estero, un posible “caso piloto”. Y un sueco que la pasa bomba.

 Por Mario Wainfeld

 “El Presidente es como un gerente general. Está encima de todos los temas, pide información sobre cada una de las decisiones, controla todo.”
u “Me reclama las posibles medidas a adoptar sobre alguna cuestión concreta, las escucha y siempre, siempre, elige la más dura. Me corre siempre por izquierda. Estuve en varios gobiernos, jamás viví algo así.”
u “Le expuse las tres posibles formas de encarar un conflicto. Decidió. Le pregunté ‘¿qué hago, instalo la medida, convoco a los protagonistas para irlos empapando de su contenido?’. Me indicó que la anunciara, sin trámite previo.”
u “La única ocasión en que puedo ver a otros dos ministros o más es en los viajes. El resto, son todas charlas radiales con Kirchner.”
u “Duhalde me llamaba quince veces por día, por cosas importantes o pequeñas. Kirchner me habla dos o tres, máximo, pero las reuniones cara a cara son más frecuentes que con el anterior presidente. Y son muy operativas.”
Las frases antecedentes corresponden a variados integrantes del gabinete, que no compartieron anteriores experiencias de gobierno con el Presidente. Para éste ha de ser halagüeño el cuadro que pintan las palabras de sus hombres: un gobernante decidido (y decisionista), dispuesto a imprimir un rumbo preciso a su gestión. Un concentrador del poder y la información, receloso de las filtraciones y hasta de las discusiones.
Su agenda completa el retrato: Néstor Kirchner persiste en su voluntad de no remedar el estilo promiscuo del menemismo y aun de la Alianza con quienes los dueños del poder económico eran cohabitantes de la Casa Rosada y adyacencias. Por eso se ha esmerado en evitar encuentros con empresarios y otros representantes del establishment. Un criterio que ha generado oleadas de bronca, lindante con los celos, en los integrantes del sector y sus corifeos periodísticos. Los diarios de la city rezuman veneno porque sus representados están lejos del centro de decisión política y este extrañamiento explica (determina) parte del macartismo rayano en la bajeza que pulula en sus páginas. Una parte. Porque, también, el macartismo alude a que la derecha económica argentina es, más allá o acá de sus relaciones con el Gobierno, autoritaria, nostálgica de las dictaduras y (cuando los celos enardecen a Otelo) hasta del terrorismo de Estado.
Pero volvamos al núcleo. Varios riesgos virtuales anidan en el estilo presidencial, si éste se instala como matriz definitiva para los cuatro años y cinco meses que le quedan por delante: una centralidad excesiva, dificultades de delegación, falta de figuras que “hagan política” más allá de su permanente control. Obsesionado válidamente por no seguir el rumbo que imprimió Carlos Menem y por no repetir la pasividad de Fernando de la Rúa Kirchner puede asomarse al precipicio de ser un “Menem bueno”, el titular de una democracia delegativa de otro signo. Obsesionado por no negociar por debajo de la mesa, el Presidente elude negociar “por arriba de la mesa” a la luz del día, lo que es válido y hasta necesario. El poder del Gobierno no es la nada a la que lo redujo la Alianza pero tampoco es lo que hoy parece. Es más: no tiene por qué serlo, ni debe ser así. Una democracia moderna es, bien mirada, un sistema de negociación permanente en el que la decisión y la apelación al número son el final de un proceso y no su eterno inicio. El “toma y daca” que fustiga el discurso presidencial no puede aludir eternamente a todo mecanismo de debate y negociación.
Esos riesgos, valga resaltarlo, son acechanzas a futuro. En el breve lapso transcurrido desde su elección (Kirchner empezó a gobernar el día siguiente a la fuga de Menem) el estilo presidencial ha generado pura ganancia. Con el sencillo, cuan olvidado, arte de restaurar la política Kirchner hizo suyos el 70 por ciento de los votos que iban a consagrarlo el 18 de mayo. Suyos y no ya mera oposición a Menem. Si las elecciones se hicieran hoy, cinco semanas después, posiblemente sacaría esos votos, ya no mirando el pasado en plan de rechazo sino de cara al futuro en plan deesperanza. Un clima distinto se respira en la sociedad, para sorpresa de casi todo el mundo, aun del hombre que lo generó: cuentan sus circunstantes que la emoción y una emotiva perplejidad cambiaron el rostro del patagónico cuando volvía de Rosario tras haber sido recibido en triunfo por miles de argentinos que le pedían fuerza y persistencia mientras pujaban por tocarlo o pedirle autógrafos. Una imagen de Argentina año verde, tres días antes de la cena con Horst Koehler.
Pelea de Fondo
“Vamos a dejar en claro que pagaremos sólo en cuanto lo permita un crecimiento sustentable de la Argentina, previa quita de capital e intereses.” El discurso del sector político del gobierno transmite una convicción que en ciertos casos se emparenta con el voluntarismo. Lo real es que el viaje del mandamás del Fondo Monetario Internacional (FMI) da un contexto a la inminente negociación con el organismo. Y que, amén de que Koehler quiera “vistear” a Kirchner, conocerlo personalmente, su viaje indica que ha mejorado la reputación de Argentina en el último año. Tanto que el propio alemán admitió que habrá quitas y que John Taylor aceptó frente al ministro de Economía Roberto Lavagna que están dadas las condiciones para un acuerdo a largo plazo.
El gobierno argentino, empero, no quiere jugar todas sus fichas a la sola baraja de un acuerdo “largo”, medida que remite a las condiciones políticas: un trienio no es tanto en materia económica pero es casi todo el mandato de Kirchner. Es que mantener la posibilidad de celebrar un acuerdo “corto” aumenta las posibilidades de negociación de Lavagna. El gobierno argentino tiene entre ceja y ceja que éste es un año electoral y el 2004 no. Los manuales que enseñan que un menú de opciones mejora las posibilidades del negociador incluyen asimismo en su bolilla uno que, si hay que ajustar, que sea cuando no hay comicios cerca.
La visita de Lula a Estados Unidos, su discurso allí y el homérico superávit primario que está buscando en detrimento de sus planes sociales, darán contexto a la discusión que comenzará poco después de que Koehler ahueque el ala. “No va a ser problema para nosotros que atravesamos una coyuntura distinta a Brasil. El propio Lula le dijo a Néstor que peleara otras condiciones para la Argentina”, dice un incondicional del Presidente. Haya existido o no el incorroborable consejo –que se parece a una versión brasileña del criollo “animémonos y vayan”– lo real es que el accionar de Lula será puesto de resalto por los emisarios del FMI y formará parte de la discusión.
Hablando de Lula, la reunión del Mercosur pintó un rictus de desazón en el rostro presidencial. Kirchner esperaba avances más profundos que los que refleja el documento final, que bien podía haberse suscripto cuando gobernaban Fernando Henrique Cardoso y Eduardo Duhalde. Y en la intimidad lo escucharon apostrofar contra el uruguayo Jorge Batlle por haber puesto obstáculos al proyecto común que lo liga con Lula. Pero el aguafiestas y casi caricatural presidente uruguayo acaso pruebe sin quererlo un dato que el Gobierno deberá empezar a procesar: las decisiones unilaterales no lo son todo, los consensos son difíciles y toma su tiempo articularlos. En Mercosur, Argentina integra el par de los grandes pero deberá confiar (Kirchner reza para eso, y algún gesto hará que ocurra) que Tabaré Vázquez gane las próximas presidenciales. Si es difícil lograr consensos siendo mayoría, lo que costará cuando la correlación de fuerzas es menos generosa...
Algo de cabotaje
Pasemos, brevemente, a la economía de cabotaje. En territorio local el Gobierno anunció un plan antievasión que, según predican en Hacienda, cambia el esquema elegido por todos los anteriores. “Primero venía elblanqueo o la moratoria (hubo once en la década del 90) y después el aumento de los impuestos”, explica Lavagna. El ministro se precia de haber hecho exactamente lo contrario, aumentar la presión sobre quienes evaden para luego bajar las tasas fiscales. “O sea, justo al revés que Machinea”, explican cerca de Lavagna a quien siempre le complace cotejarse con sus precursores en el cargo. La percepción oficial es que se propone un cambio de cultura y el proyecto de tipificar la asociación ilícita de quienes trabajan profesionalmente para burlar las leyes fiscales es concebida como un núcleo esencial en ese cambio.
Frente a Nazareno
La autolimitación presidencial en lo que concierne a la elección de futuros integrantes de la Corte Suprema es otro hito en ese camino. “Es irreversible –se entusiasma, a riesgo de exagerar, un ministro–, ¿quién se va a atrever a derogar esa norma?” Nada es definitivo, pero es cabal que hay cambios que hacen época y ése tiene el tinte de serlo.
Las vacantes para que tan grato escenario deje de ser virtual no se han producido aún pero todo sugiere que acontecerán muy pronto. Julio Nazareno está acorralado y es bien factible que dimita después de haber presentado sus descargos, el jueves próximo. Para facilitar la cuestión el Gobierno deja trascender que la ofensiva no ha cesado. El caso Meller, uno de los que integran la acusación de Diputados podría –explican en Justicia– derivar en responsabilidades penales para el supremo en desgracia. Recuérdese que el juicio político en el Congreso sólo puede terminar en la remoción del cargo y que las eventuales responsabilidades penales o patrimoniales de los cortesanos deben ser tramitadas ante los tribunales.
Quienes deben poner las barbas en remojo son Guillermo López, muy bajoneado por su estado de salud y por el incendio de su fastuoso domicilio, y Eduardo Moliné O’Connor, “el cerebro” de lo que queda de la mayoría automática según piensan en la Rosada. El oficialismo nada anticipa de qué hará a su respecto pero es claro que su estrategia “paso a paso” incluye, como la de su inspirador Mostaza Merlo, la intención de no dormirse en los laureles.
Nada de “relax and enjoy” en el Gobierno pero sí de disfrutar viendo cómo el Congreso actúa en línea con los deseos del Ejecutivo. Diputados ya aprobó la acusación le dio un plazo escueto a Nazareno para su defensa. Y el Senado, otrora temible por su proliferación de quioscos políticos, hoy parece un jardín de infantes. “¿Usted se imagina a alguien enfrentando a Cristina (Fernández de Kirchner, la senadora) para defender a Nazareno?”, interroga un ministro. El imagina que no habrá nadie tan osado y tan suicida. Malicia que Nazareno ha de ahorrarse ese debate. Y todo indica que presume bien.
Frente a Barrionuevo
La autorización para intervenir el PAMI espejó que el Senado no quiere interponerse ante la topadora oficial. Luis Barrionuevo se defendió, ahorrando en ese ámbito bravuconadas y amenazas revelando al unísono que es un cuadro político dotado de variopintos recursos y que se sabía derrotado de antemano. Obtenido el instrumento legal necesario para disciplinar a la díscola línea gerencial del Instituto, al Gobierno le queda por delante lo más peliagudo: determinar qué hará ahora. Conseguir que ese elefante blanco esté al servicio de la salud y el bienestar de los viejos es bastante más complicado que shotear a un impresentable. Meter mano en las enmarañadas redes de prestadores maridados con el poder político es un segmento de la solución. Pero sólo un segmento, porque lo esencial sería cambiar el modo en que se concibe la atención médica de los aportantes, prestar atención especial a la prevención y una tendencia al trato personalizado son puntos mínimos que concitan coincidencias entre quienes conocen el paño. Bienarduo resulta cambiar estructuras enquistadas por años, mucho más que ganar una batalla política bien planteada. “No me parece que cambiando algunos directores estemos cambiando el PAMI. Vamos a tener que legislar un organismo distinto y que intervenir para instrumentarlo”, deslizaron ante Página/12 al menos dos funcionarios de primer nivel. La ley le da al Gobierno una espada de Damocles por 180 días, no hay por qué dar por hecho que está definitivamente enfundada.
Frente a casos piloto
En Santiago del Estero, en Arequito, en Arrecifes gentes del común pierden la paciencia y llenan las calles exigiendo justicia. La sincronía de las puebladas remite a algo ya habitual, la imitación de conductas catalizada por la analogía de situaciones y por el expeditivo aprendizaje de otras experiencias vía medios masivos de difusión. La presencia de los medios nacionales en feudos genera un súbito efecto de luminosidad democratizante y movilizadora. También funge de protección a minorías activas que siempre existieron pero que eran sojuzgadas por las reglas de juego parroquiales y a nuevas mayorías que encuentran en micrófonos y cámaras tanto repercusión como un escudo contra la prepotencia.
Santiago es el caso más impactante porque se vincula a un régimen local vigente durante añares que sobrellevó incluso una pueblada mayúscula hace casi una década. La opacidad del régimen de los Juárez se puede probar con una anécdota aparentemente menor: la mayoría de los santiagueños vio por primera vez el rostro del patibulario Musa Azar en fotografías publicadas en diarios de circulación nacional. El dueño de la vida y la honra de miles de personas durante treinta años decidió ser desconocido en su pago chico y lo logró, lo que testimonia la medida de su poder.
Tal como adelantó ayer en este diario el periodista Raúl Kollmann el Gobierno baraja la posibilidad de incidir más claramente en Santiago. Varias encuestas requeridas por la Rosada y Justicia comprueban que la aprobación de alguna medida en tal sentido contaría con una aprobación aplastante. Los problemas que pueden imaginarse son básicamente dos: a) los Juárez apoyaron a Kirchner en las elecciones y b) cualquier intervención pone nerviosos no solo a los lugareños sino a gobernadores de otras provincias, siempre temerosos de las injerencias del poder central.
La primera dificultad casi no podría contar. Primero porque a Kirchner le fue muy mal en Santiago por lo cual, aun a la luz de los códigos más compinches del PJ, nada tiene que retribuir. Pero, lo que es más importante, es obvio que el Presidente, si es consistente con su proyecto de gobierno, deberá ser muy avaro en las lealtades partidarias que contradigan sus objetivos.
La eventual oposición o malestar de mandatarios provinciales queda como un escollo importante, porque concierne a figuras tan oscuras y peronistas como Juárez y a algunos que no reúnen una o dos de esas condiciones. De cualquier modo la tendencia oficial predominante parece ser “hacer algo”. Consideran al doble crimen un “caso piloto” que no permite hacerse el distraído o el federalista. “La seguridad y la justicia no pueden ser un tema metropolitano” es el slogan de quienes proponen alguna forma de intervención, sea de todo o parte del Poder Judicial provincial o de los tres poderes incluso.
La víscera sensible
“Nos va fenómeno y eso que todavía no tocamos la víscera más sensible”, musita un hombre del Presidente, aludiendo a las medidas de mayor impacto del Gobierno, mucho más vinculadas a la transparencia y la institucionalidad que a lo social o a la microeconomía.
“¿Cuál es la víscera más sensible? No sé nada de anatomía,” inquiere elpasante noruego al politólogo sueco que hace su tesis de posgrado sobre Argentina. “Perón decía que la víscera más sensible es el bolsillo”, replica, erudito, superior, el sueco. “Hay que conocer el peronismo para estudiar este país”, regaña a su pasante mientras lo gasta con entusiasmo. El sueco es hincha de Boca. Su pasante, por fastidiarlo, se ha hecho de River y todo pinta que ha elegido mal el año. El politólogo tiene otros motivos de euforia: la política ha vuelto a dar un giro copernicano en estas pampas y ha derivado del “que se vayan todos” a la “kirchnermanía” lo que le permite seguir pidiendo euros a sus padrinos de tesis, en Estocolmo. “Vamos a torcerle la muñeca al Fondo, profesor”, escribe al decano de la facultad de Estocolmo, “y vamos a ganar la Copa”. El decano ni le cree ni lo entiende del todo pero sigue queriendo tener información de primera mano de esa tierra de milagros y autoriza un giro por un puñado de euros. “Cuénteme cómo les va con Koehler, y no me engañe, porque ya se sabe que los alemanes no son tan seducibles como los suecos.”
Ni son contendores tan fáciles de vencer como Barrionuevo o Nazareno, discurre nuestro politólogo. Pero de eso se trata la política, aun en Argentina año verde, una victoria sólo da derecho a pasar de pantalla para encontrarse con rivales más duros de vencer o convencer.
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  UNA CORTE PARA LA DEMOCRACIA

Tres Patitos

Mientras el juicio político a Nazareno avanza hacia su inexorable destino, el Poder Ejecutivo y el Congreso han comenzado a diseñar mecanismos que garanticen que nunca más personas de tal catadura puedan encaramarse hasta la cúspide de uno de los poderes del Estado. Otras reformas imprescindibles que dependen de la propia Corte sólo podrán llevarse a la práctica después del proceso higiénico en marcha.

 Por Horacio Verbitsky

 El decreto reglamentario del procedimiento para designar jueces de la Corte Suprema de Justicia firmado el jueves 19 por Néstor Kirchner privó a Julio Nazareno de su última defensa. “¿Y a quién creés que va a nombrar, a un enemigo?”, preguntó el aún presidente del tribunal con su impresionante gestualidad de mafioso de película clase B, durante la conferencia de prensa en la que intentó presionar al nuevo presidente. El gobierno y las seis organizaciones de la sociedad civil que participaron en la elaboración del decreto Tres Patitos (el 222) lo presentaron como una autolimitación de las facultades presidenciales establecidas en el artículo 99 de la Constitución Nacional, según el cual el Poder Ejecutivo “nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto”. Sus disposiciones también reglamentan sin decirlo otro artículo de la Constitución Nacional: el 16, por el que todos los ciudadanos son “admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad”. Un decreto similar podría dictarse para la designación del Procurador General de la Nación, cabeza del Ministerio Público.
La idoneidad
Este último artículo constitucional debería haber bastado para impedir que un ex jefe de Policía de La Rioja con un par de balbuceos teóricos publicados sobre “derecho municipal” (sic) y un especialista en partidos de tenis y litigios contra el Estado llegaran a la posición que durante casi quince años deshonraron. Pero como nunca se reglamentó en qué consistía la idoneidad para integrar la cabeza de uno de los tres poderes del Estado, esas y otras designaciones bochornosas fueron consagradas con nocturnidad y alevosía (“Los muchachos”). Los únicos requisitos constan en otros dos artículos constitucionales: el 111 exige para integrar la Corte Suprema “ser abogado de la Nación con ocho años de ejercicio, y tener las calidades requeridas para ser senador”, y el 55 deja fuera del Senado, y por ende de la Corte, a los menores de treinta años, a quienes tengan menos de seis años como ciudadanos o no disfruten “de una renta anual de dos mil pesos fuertes o de una entrada equivalente”.
Desde ahora nadie podrá llegar a la Corte Suprema sin sortear un minucioso proceso de escrutinio que garantice, entre otras cosas, su compromiso con la democracia y los derechos humanos. El nombre y los antecedentes de cada candidato se publicarán en el Boletín Oficial, en dos diarios de circulación nacional y en la página de internet del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Incluirán una declaración jurada de bienes propios, de su cónyuge o conviviente, de la sociedad conyugal y de sus hijos menores, como lo requiere la ley de Etica Pública. Esto diferenciará a los futuros jueces, ya que bajo la conducción de Nazareno estos datos elementales constituyen uno de los secretos de Estado mejor protegidos. También se publicará la nómina de las asociaciones civiles y sociedades comerciales que el candidato haya integrado, los estudios de abogados a los que perteneció y sus clientes o contratistas para que sea posible evaluar si sus actividades o las de su cónyuge, sus ascendientes y descendientes en primer grado, plantean incompatibilidades o conflictos de intereses.
La Asociación por los Derechos Civiles, el Centro de Estudios Legales y Sociales, las fundaciones Poder Ciudadano y Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y la Unión de Usuarios y Consumidores, coautores en el verano de 2002 del documento “Una Corte para la Democracia”, habían propuesto que estas revelaciones cubrieran los tres años anteriores al nombramiento. El decreto 222 extendió ese lapso a ocho años. Durante dos semanas los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y las asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos, podrán presentar observaciones o datos de interés, por escrito y de modo fundado y documentado. Pero también deberán presentar una declaración jurada respecto de su propia objetividad respecto de los propuestos, de modo que el procedimiento no se convierta en vehículo de expresión de agravios y rencores personales. El Ministerio de Justicia también podrá consultar a otras organizaciones judiciales, académicas, profesionales, sociales, políticas y de derechos humanos. La AFIP informará si los candidatos están al día con sus impuestos. El Poder Ejecutivo tendrá luego otras dos semanas para remitir el pliego al Senado, fundamentando su decisión.
Audiencia pública
El mismo jueves 19, Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, firmó un dictamen modificatorio del reglamento, incluyendo el mecanismo de audiencia pública para el tratamiento de esos pliegos. Tomó en cuenta un proyecto propio y los de sus pares Vilma Ibarra, Jorge Yoma, Miguel Pichetto y Ricardo Gómez Diez. Una vez que el Poder Ejecutivo envíe los pliegos de jueces y conjueces de la Corte Suprema de Justicia, de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, se publicarán en el sitio de Internet del Senado, en el Boletín Oficial y en los dos diarios de mayor circulación del país por lo menos quince días hábiles antes de la audiencia pública. Esta publicación incluirá el día, hora y lugar de la audiencia, los fundamentos del Poder Ejecutivo y el plazo para presentar por escrito preguntas y observaciones a los candidatos. Junto con las pruebas y documentación que las sustenten deberán incluir los datos personales o institucionales de quien las formule. No se aceptarán observaciones ni preguntas que tengan contenido discriminatorio.
La Comisión de Acuerdos tendrá tres días hábiles para desestimar las observaciones y preguntas irrazonables, improcedentes o que no cumplan con los requisitos formales establecidos. También investigará las pruebas que resulten procedentes y las que aporte el interesado. En la audiencia pública se leerán las observaciones y las preguntas y se leerán y escucharán las respectivas respuestas del candidato. El registro taquigráfico de las audiencias podrá ser consultado en la sede de la comisión “por los interesados”, expresión restrictiva que el Senado haría bien en modificar cuando trate el dictamen. Las organizaciones firmantes del documento “Una Corte para la Democracia” preveían que las objeciones y las preguntas no fueran leídas sino expuestas de viva voz en una audiencia y un coloquio que fuera televisado por el canal oficial y grabado en video-tape para su posterior difusión. Pero los senadores consideraron que esto podría dar lugar a la expresión de agravios por parte de personas irresponsables. Después de la audiencia pública, “la comisión de Acuerdos debe producir dictamen fundado, a la mayor brevedad posible, aconsejando hacer lugar o rechazar el pedido de acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo”, dirá el nuevo reglamento.
La propia Corte
Según las estadísticas de 2000, la Corte resuelve anualmente 14.770 causas. Para ello cuenta con una burocracia gigantesca de 192 funcionarios de alta jerarquía y 2341 funcionarios y empleados administrativos. La Corte Suprema de los Estados Unidos decide entre 70 y 90 casos por año, es decir menos del 1 por ciento, en un país que septuplica la población argentina. Esto permite la publicidad de sus audiencias, el control de su jurisprudencia y el seguimiento de sus líneas doctrinarias. Aquí la única doctrina invariable es la de la sentencia ad hominem, que traducido al criollo quiere decir “al enemigo ni justicia”. Así resulta imposible para los ciudadanos “conocer el alcance de sus derechos si ello debe rastrearse en más de diez millares de fallos al año. Tampoco existe posibilidad de un seguimiento correcto de las decisiones del Tribunal para analizar la calidad de sus razonamientos y preservar la seguridad jurídica”, afirma el documento “Una Corte para la Democracia”. Esta inflación de causas ha sido condición necesaria para el tráfico de influencias. El Congreso “podría ordenar y limitar la jurisdicción por apelación de la Corte”, de modo que sólo intervenga en casos en los que esté en juego la interpretación constitucional. Pero la misma Corte debería reinterpretar en forma restrictiva su propia doctrina de la arbitrariedad de sentencia, que en la actualidad aplica en forma discrecional.
El documento planteó otra serie de problemas que no pueden resolver ni el Poder Ejecutivo ni el Congreso sino la propia Corte, por lo cual habrá que esperar hasta que el proceso higiénico en marcha haya limpiado la ciénaga. El reglamento interno de la Corte no permite la publicidad de las audiencias que las partes tienen con los jueces, lo cual permite el acceso desigual en beneficio de quienes saben elegir los estudios o los letrados convenientes. Al mismo tiempo impide que la opinión pública conozca el pensamiento de los ministros y sus deliberaciones, entre sí o con las partes. En Estados Unidos las partes y otros interesados en los pleitos participan en audiencias públicas bajo el ojo de la opinión pública y de la prensa. La editorial The New Press publicó varios tomos sobre casos relevantes del último medio siglo. Además de una síntesis de las resoluciones de la Corte, incluye las cintas de audio grabadas en las audiencias en las que los justices interrogan a las partes.
Cototo
Además de las causas pendientes por redolarización de los depósitos bancarios pesificados existen otras, poco conocidas pero que hacen la felicidad de los amigos y fastidian al gobierno, a expensas del Tesoro. Una de ellas, que tomó estado público en esta página el 17 de noviembre del año pasado (“Fondos de campaña/Oportuno aporte del cardumen menemista”) fue admitida por la Comisión de Juicio político de la Cámara de Diputados. Se refería a un fallo de la mayoría automática que obligaba al Estado Nacional a pagar a uno de los principales testaferros del menemismo 30 millones de pesos, más años de intereses acumulados.
Las agendas personales de José Luis Manzano durante su paso por el ministerio del Interior, que un ex secretario entregó a una comisión investigadora del Congreso, muestran al play boy Sergio Meller como uno de sus contactos más asiduos. Meller guió el tránsito del modesto médico de provincia, conocido por el apodo familiar de Cototo, hacia el barniz de sofisticación prêt-à-porter de las fortunas instantáneas, que no pueden equivocarse al elegir la ropa de esquiar. Una de las mayores sorpresas de todo el proceso de privatizaciones del menemismo fue la asociación de los colocadores de alfombras y chatarreros del Grupo Meller con la Sociedad Comercial del Plata, de la familia Soldati, y con capitales franceses en las licitaciones de los servicios de gas y agua, con una parte sustancial del paquete accionario. La presencia de estos representantes del menemismo en los consorcios Aguas Argentinas, Transcogas Inversora, Discogas Inversora, Aguas del Illimani de Bolivia, Aguas Provinciales de Santa Fe y Aguas Cordobesas era la garantía para los socios mayoritarios, de que el gobierno ablandaría todas las regulaciones necesarias para hacer el negocio más atractivo que en los pliegos licitatorios. En 1997 María Julia Alsogaray concedió aumentos de tarifas de obras sanitarias que los contratos de privatización prohibían y además las dolarizó. En 1998, el Grupo Meller vendió su parte. Menem y los suyos habían cumplido el compromiso de destrozar el contrato inicial de Aguas Argentinas. Los franceses y Soldati les permitieron volver líquidas sus tenencias accionarias.
Antes del agua, la ingeniera Alsogaray se había encargado de la liquidación de ENTel. En ese proceso contrató con otra empresa del Grupo Meller la edición de las guías telefónicas. Después de la reelección de Menem, Meller reclamó el pago de 28,9 millones de pesos, que Alsogaray consintió sin discutir, como es usual entre esa clase de compañeros. Pero la Procuración del Tesoro descubrió que al cobrar la publicidad de 1990, en el mismo acto administrativo Meller renunció a cualquier reclamo por las guías de los dos años previos. La ingeniera no se rindió. Sólo suspendió los efectos de su decisión impugnada y la sometió a la consideración de otro destacado miembro de la hermandad, Rodolfo Barra. Por supuesto, Barra se pronunció en favor de Meller, quien entonces recurrió al Tribunal Arbitral de Obras Públicas. También acompañó un dictamen de otro prohombre del menemismo privatizador y, no por casualidad, su socio como presidente de Aguas Argentinas, Juan Carlos Cassagne. Tres meses antes de las elecciones de 1999, el Tribunal Arbitral, integrado por dos representantes del Estado colonizado por el menemismo y uno de las empresas constructoras, laudó en favor de Meller. ENTel en liquidación recurrió a la Corte Suprema, cuya mayoría rechazó su pretensión con el argumento de que una vez elegido el arbitraje no es posible acudir a la justicia.
Las partes pueden renunciar a un derecho y dada “la crisis actual de la seguridad jurídica” nada impide incluso que lo sometan al azar, “que puede ser de un juego, apuesta o un echar suertes”, dijo Nazareno en un pasmoso voto propio. La disidencia de Carlos Fayt y Enrique Petracchi lo refutó. El régimen establecido “es voluntario para el contratista” pero “no para el Estado Nacional” que, compelido por su contraparte, “no puede eludirlo”. Si un arbitraje forzoso no puede ser sometido a la revisión judicial se compromete “la supervivencia misma del estado de derecho”. En consecuencia votaron por devolver las actuaciones al Tribunal Arbitral con algunas recomendaciones muy precisas, como calcular los pagos parciales que ya había recibido Meller y explicar cómo un saldo de 1,6 millón a valores de 1989 y 1990 pudo transformarse en 57 millones de 1996, según informó un perito contable. A una conclusión similar pero con sus propios concisos fundamentos llegó Augusto Belluscio.
Eran tres hermanos
Hace doce días, el juez federal en lo contencioso administrativo Sergio Fernández intimó al Estado a pagar al Grupo Meller, bajo apercibimiento de una multa de mil pesos diarios. El ministerio de Economía recurrió en queja a la Cámara. Hace siete años el Colegio de Abogados de Buenos Aires y un estudio jurídico denunciaron que en un juicio con la Secretaría de Energía a la empresa chilena Central Puerto le habían pedido dos millones de dólares por una sentencia favorable de la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Su secretario era Claudio Fernández, quien coaccionó a los empleados del tribunal para que no revelaran su amistad con uno de los chantajistas. El tercer hermano, Javier Fernández, fue secretario en la Corte de Adolfo Vázquez, el ministro contra quien más avanzó una investigación judicial por corrupción. Antes cumplió la misma tarea con Barra. Fue grabado haciendo gestiones por su hermano en dificultades. El entonces juez federal Gabriel Cavallo procesó a Claudio Fernández y embargó sus bienes. Pese a ello, Nazareno delegó la investigación en la propia Sala incriminada. Esto impidió saber por qué la mayoría de las causas falladas en el juzgado de Sergio llegaban en apelación a la sala de Claudio.

Los muchachos menemistas

La ampliación del número de miembros de la Corte “es necesaria para agilizar la tarea del Poder Ejecutivo, perdón, del Poder Judicial”, dijo el senador Augusto Alasino en abril de 1990. La ley se aprobó en una sesión de la Cámara de Diputados en la cual hubo cafeteros y ordenanzas sentados en las bancas y hombres armados protegiéndolos. Dos prohombres de la honestidad y la transparencia como Alberto Pierri y José Luis Manzano se dieron el primer beso y comenzaron a cantar a voz en cuello la marcha “Los muchachos menemistas”. Un diputado radical presentó un recurso de amparo. La Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo cerró el caso con argumentos formales: en los juicios de amparo debe atenderse a la situación en el momento en que se dicte sentencia. El diputado había pedido la nulidad de la ley de ampliación y la convocatoria a una nueva sesión en 1990. Como su mandato había concluido en 1991, “carece actualmente de interés que lo habilite para formular tal reclamación”, sentenció la Cámara. Menem obtuvo la renuncia de dos de los ministros en funciones (uno por hartazgo, otro por miedo) y en 24 horas designó una mayoría automática de seis sobre nueve ministros del tribunal. La ley de ampliación fue promulgada el 17 de abril de 1990, el 18 se enviaron los pliegos de los nuevos miembros de la Corte, y el Senado los aprobó el 19, en una sesión secreta de apenas siete minutos, a la que no asistió la oposición, porque el apresuramiento oficial les impedía evaluar si los jueces designados reunían las condiciones jurídicas, académicas, personales y de independencia requeridas.

 Sólo un milagro

El Buby Nazareno sabe que a esta altura sólo un milagro podría conservarle el cargo que detenta desde abril de 1990. Por eso ha iniciado enérgicas gestiones para conseguirlo. En abril de 1995 Antonio Boggiano propuso entronizar en lugar destacado del Palacio de Justicia una imagen de la Virgen de Luján, lo cual fue aprobado en agosto por Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Ricardo Levene y Guillermo López, quienes integraban la fuerza de tareas reducida a cinco luego del Pacto de Olivos y antes de que Levene fuera reemplazado por el amigo de Menem Adolfo Vázquez. Por razones que tal vez algún teólogo podría explicar, la Virgen colocada en la entrada principal del Palacio de Justicia no fue la de Luján sino la de Medjugorje, que desde 1981 frecuenta esa pequeña aldea de Bosnia-Herzegovina (los interesados en más detalles sobre Sus milagrosas apariciones pueden consultar Su página web http://www.medjugorje.org/). Por otro misterio, la Virgen de los Balcanes fue reemplazada luego por una imagen de “Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás”.
La Asociación por los Derechos Civiles, presidida por Alejandro Carrió, presentó un recurso de amparo para que fuera retirada, por considerar su emplazamiento violatorio de la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Hace diez días, luego del mensaje presidencial reclamando al Congreso que pusiera en marcha el procedimiento de juicio político contra Nazareno, el presidente de la Corte consideró llegado el momento de someter el tema a la consideración de sus pares. Augusto Belluscio, Juan Carlos Maqueda y Enrique Petracchi se pronunciaron por el retiro de la imagen, y Petracchi lo fundamentó en forma extensa, con citas de la Convención Constituyente de 1853, demostrativas de que el sostenimiento de la religión católica dispuesta en el artículo 2 de la Constitución se ciñe al apoyo económico, ya que los constituyentes desestimaron en forma explícita tres propuestas de considerarla la única religión verdadera, la que el gobierno federal profesa y a la que todos los ciudadanos deben “sumisión y obediencia”. Según Petracchi, un poder del Estado, que es por definición de todos y para todos, no puede afiliarse “a un culto determinado, por mayoritario que sea”. Pero la mayoría automática y Carlos Fayt rechazaron el amparo. Negaron que fuera una cuestión constitucional sino apenas un tema de intendencia sobre el edificio. Aun así, no se privaron de señalar que el 88 por ciento de la población pertenece a la religión católica, por lo que “no se deben eliminar las manifestaciones de lo espiritual del terreno público para adoptar una postura indiferente”. Tanto esfuerzo no parece haber resultado en el apetecido milagro. Al menos la Iglesia y las demás ONGs que se sientan a la Mesa del Diálogo Argentino “contribuyeron en la línea del decreto” de autolimitación, según recordó su vocero, José Ignacio López, luego de la ceremonia en el Salón Blanco. Es improbable que la Madre de Dios desautorice a los representantes de Su Hijo sobre esta amadísima porción del planeta.

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