domingo, 6 de agosto de 2017

Se vienen las ligas mayores

15/6/2003

AVANZAN EL JUICIO POLITICO Y LA EMBESTIDA CONTRA BARRIONUEVO

Se vienen las ligas mayores

El Presidente en estado de gracia. Lole, no tanto. Cómo se toman las decisiones en la Rosada y cómo se comunican. Distintos frentes contra impresentables. Los cambios en el PAMI y un par de cortocircuitos internos. Nazareno cava su propia tumba con su propia lengua. El pejotismo, un vocablo archivado. Y se vienen los malos.

 Por Mario Wainfeld


Fue anteayer en Santa Fe, durante la visita presidencial. Néstor Kirchner recibía todas las flores y Carlos Reutemann acopiaba las espinas: aplausos, vítores para el mandatario nacional, reproches y mala onda para el provincial. Estaban juntitos, respondiendo preguntas de los periodistas, cuando Kirchner empezó a toser, al lado del torvo gobernador santafesino que, según es fama, padece leptospirosis. Entonces una periodista rosarina le gritó al patagónico “¡no te contagies!”. Muchos rieron, asumiendo que la cronista no aludía apenas a una dolencia física. La anécdota tiene su gracia, máxime si se pondera que hace un puñado de meses Lole triplicaba a Kirchner en intención de votos y en chances para ser presidente.
El módico episodio refleja bien un dato esencial de la política autóctona: Kirchner tiene más poder, más prestigio, más capital simbólico acumulado que cuando asumió, no hace aún un mes. Ese crecimiento no lo ganó al Loto ni le llegó como pura consecuencia de su investidura: lo logró a pulso, haciendo política. La vieja dialéctica amigo-enemigo, núcleo de la política, está en el centro de todo el accionar de la Rosada, ubicando en un segundo plano –necesario pero instrumental– a la recta gestión administrativa que sólo tiene sentido cuando se sabe para quién (y contra quién) se gestiona.
Se ha hecho ya un tópico de las charlas del café la actitud presidencial de abrir frentes de conflicto y cada parroquiano pela su conflictómetro y discierne cuál es la cantidad óptima de adversarios que se puede enfrentar a la vez, como si Kirchner fuera un karateca. Como fuera, es claro que un gobierno que se pretende nacional popular y progresista amanece con muchos contradictores y tendrá que confrontar con ellos más tarde o más temprano. Y es ostensible que no todos serán tan torpes y por ende tan funcionales para consolidar el poder y el prestigio presidencial como Ricardo Brinzoni o Julio Nazareno. También es real que las batallas, según el arte de la política, deben proponerse cuando se está en condiciones de llegar a lavictoria o..., bueno, a un empate honroso. Por ahora, Kirchner viene llevando bien los conflictos que abrió –de los militares retirados ya no se habla, Nazareno está groggy, y Barrionuevo parece vulnerable– y más le vale porque va llegando la hora de afrontar otras pulseadas más peliagudas, frente a antagonistas más consistentes. Y hasta de tomar medidas de esas que no generan la adhesión de la tribuna, sino el encono de todos los pobladores del tablón o al menos de muchos de ellos.
Antes de fin de mes llegará el mandamás del Fondo Monetario Internacional (FMI) Hoerst Koehler. En noventa días, tal vez antes, comenzará a haber aumentos de tarifas de servicios públicos. En igual fecha cesará la suspensión de la ejecución de sentencias contra deudores de créditos hipotecarios. Alguna vez, acaso varias veces, el gobierno deberá hacer anuncios menos gratificantes, menos convocantes que los que ha producido en sus primeras semanas. No ha de venirle nada mal tener algo de capital simbólico acumulado en el banco. En eso anda, en estos días que le son propicios.
La imagen no es todo
Un gobierno es, entre otras cosas, una red de comunicación. Un permanente emisor de mensajes. La suerte de un liderazgo democrático se juega muchas veces en la recepción que tienen esos mensajes, en las relecturas que hacen distintos sectores de la sociedad. Los emisores no son los dueños de la comunicación, ese es un sueño de Goebbels de pacotilla que todo gobierno anida. Una sociedad compleja alberga muchos emisores, muchos decodificadores y quien ignora eso está dando el primer paso rumbo al cementerio.
La imagen presidencial, sempiterna preocupación de políticos y comunicadores es una continua construcción acechada por ruidos de distintas potencia y procedencias. Kirchner le presta enorme atención y ha elegido una forma de mostrarse, que tiene de movida una ventaja: su personaje se parece bastante a él mismo. El Presidente –así lo hizo en sus visitas a La Matanza y a Santa Fe– desdeña comitivas fastuosas, evita tener custodios y privilegia estar cerca de “la gente”. Hasta ahora eso le ha valido una pequeña lesión en su frente y mucho feedback positivo. O sea, un saldo más que generoso en la columna del Haber.
La familia presidencial, todo un issue en una democracia que coexiste con un aguerrido sistema de comunicación privada, hasta ahora también suma. Los hijos del Presidente –a diferencia de los de la bizarra familia Menem o la pretenciosa familia De la Rúa– tienen perfil bajísimo y hasta es posible que varios lectores de estas líneas ignoren su propios nombres de pila. La primera dama (que en entre otras cosas, rechaza que así se la llame) es una dirigente de perfil alto, ganado por las suyas y a pulso, pero no roba cámara y más bien huye del centro de la escena que lo busca. Kirchner tiene un método de deliberación que lo emparenta bastante más con Fernando de la Rúa que con Menem o Duhalde. Es muy reservado y desconfiado y prefiere los diálogos radiales que las reuniones grupales, criterio que incluye la virtual abolición de las reuniones de gabinete. Ese modus operandi, que implica altísima centralización y escasa voluntad de delegación, procura conservar intacto el poder presidencial y es opinable que sea sostenible en tiempos prolongados. Por ahora, viene funcionando y Kirchner se va dando el gusto de que el gobierno hable por sus decisiones y que éstas (por lo general) no hayan sido filtradas previamente a los medios.
Sus rumbos esenciales los resuelve consultando a un puñado de fieles, un grupo bien acotado que tiene mínimas variaciones pero que se parece bastante a quienes lo acompañan en sus viajes de fin de semana a Santa Cruz: su esposa Cristina Fernández, el ministro Julio de Vido, el secretario Legal y Técnico Carlos Zanini, a veces el jefe de la SIDESergio Acevedo. El Presidente aspira a que los debates internos del gobierno, que por ahora son escasos, no trasciendan y para eso acota las posibilidades de que existan ámbitos de discusión. Desde luego, ningún gobierno carece de diferencias de criterio, de conflictos funcionales o personales, de discrepancias y la pretensión de negarlos o (lo que en una democracia de masas es casi lo que mismo) de que no trasciendan es insustentable en el largo plazo. Ya en estos días se conocen diferencias de apreciación y de estilos entre Roberto Lavagna y De Vido. También se han percibido, sí que en sordina, quejas del ministro de Salud Ginés González García por la magnitud que se le dio a la ofensiva en el PAMI, a su ver superflua y sobreactuada, ya que la salida de los directores cuestionados estaba acordada con la cúpula de la CGT.
Luisito, la CGT, el pejotismo
“Ginés ya había acordado con Daer la salida de Hermoso y Petrecca del PAMI... pero al Presidente le gusta hacer anuncios” rezongaba en Salud alguien muy cercano al ministro.
“Juancho (González Gaviola) se fue de boca y aceleró el conflicto. Kirchner estaba en Brasil y tuvo que salir a bancar” explica un hombre del Presidente.
La supuesta batalla con los acreditados de la CGT en el directorio del PAMI estaba resuelta y zanjada de antemano y queda por verse si la irrupción del tema en la agenda mediática fue producto de una falta de timing de Juan González Gaviola (quien ciertamente convocó con bombos y platillos a una conferencia de prensa que él mismo dejó sin efecto en cuestión de minutos) o del deseo presidencial de aparecer encarnando otro conflicto frente a un adversario impresentable. Como fuera, la remoción de los directores del PAMI no es la solución a esa verdadera caja negra (por negra y por “caja”) en la que Barrionuevo es la punta más ostentosa de un iceberg bastante más consistente, que abarca acuerdos muy duros de desmadejar entre prestadores, funcionarios y cámaras empresarias. Y que fue fuente de financiamiento espúreo para los dos partidos políticos que gobernaron la Argentina desde 1983. Cambiar ese estado de cosas trasciende largamente al filósofo de Chacarita. Implica poner patas arriba la forma en que viene funcionando el sistema político argentino.
La presencia de Sergio Acevedo en la SIDE es un gesto tajante de voluntad en ese sentido. La central de espías, con su avieso manejo de fondos reservados, ha sido un permanente lubricante de la financiación negra de la política. Kirchner personalmente le avisó a José María Díaz Bancalari que esa fuente se ha secado. Y éste lo transmitió a sus pares diputados, palabra más palabra menos, sin que hayan estallado reacciones que trascendieran la sorpresa. El disciplinamiento de los legisladores del PJ es uno de los logros de la blitzkrieg de Kirchner. Favorece el portento la entropía de las huestes menemistas, en franca desbandada.
Algunas conversiones súbitas tras años de adscripción ideológica y moral al menemismo podrían detonar ciertas broncas. Pero la construcción de mayorías en un sistema democrático incluye (valdría más decir “impone”) la posibilidad de incorporar a recién llegados, a conversos y a oportunistas. La hipocresía, escribió alguna vez un moralista, es un homenaje del vicio a la virtud. Los falsarios, los conversos remiten a un cambio de correlación de fuerzas por lo que la gran pregunta respecto de esas adhesiones no es su grado de sinceridad sino sus perspectivas de perduración.
La relación de Kirchner con el peronismo realmente existente ha de ser una de las claves de su viabilidad. Y no será una relación sin costos ni contraindicaciones. Quieras que no, el Presidente ya ha estado haciendo campaña dándole a una mano a algunos compañeros compatibles con sudiscurso regenerador (Felipe Solá) y otros que no lo son (Gildo Insfrán y Lole). Santa Fe, sin ir más lejos que la ajustada comitiva presidencial, es un ejemplo de cuánto deberá resignar Kirchner si quiere consolidar su frente. El Presidente se esmera por dejar constancia del respeto que le merece el socialista Hermes Binner y hasta lo recibió cálidamente en la Rosada. Pero lo cierto es que jugó su presencia (y la de todo su gabinete) en pro del alicaído Lole. Y que los operadores políticos de la Rosada Juan Carlos Mazzón y Aníbal Fernández –aún cuando los incondicionales de Kirchner recelan de Reutemann y hasta bromean con su mal momento– pujan para que el ex Fórmula 1 sea candidato a senador. No siempre lo agradable viene apareado con lo útil y la eventual capilaridad ideológica de Kirchner con Binner cederá a las, ineludibles, necesidades de la real politik.
El amplísimo triunfo de José Manuel de la Sota (que vale doble en una provincia de tradición radical) reposiciona a un dirigente muy poco confiable, pero de trato ineludible para Kirchner. Lo que anticipa un par de datos bien posibles: un aluvión de victorias peronistas en las elecciones por venir incluyendo la revalidación de varios menemistas o cuasi menemistas, como Lole y el Gallego. Mantener la conducción de ese colectivo será una tarea homérica que Kirchner no podrá eludir. Está claro que el Presidente comprende esas necesidades y sus eventuales costos. Por lo pronto, ya desde los tiempos de su alianza electoral con Duhalde, ha archivado sus invectivas verbales contra el “pejotismo”, neologismo de su creación que definía y fulminaba las abdicantes prácticas de muchos de quienes ahora integrarán su coalición de gobierno.
En esa tensa relación, si no quiere ceder demasiado al pejotismo, deberá conservar lo que ha acumulado hasta ahora: prestigio, consenso en la sociedad, una reputación muy superior a la de sus aliados. Esos recursos que han forzado la verticalidad de los compañeros diputados y han doblado las muñecas de los líderes de la CGT.
Mientras la gente le pida que “no se contagie”, mientras sea local en Santa Fe aún en presencia de Lole, el Presidente tendrá chances de imponer su hegemonía al pejotismo... perdón... al peronismo. La máquina responderá si hay poder y ese poder se construye extramuros de los gobiernos provinciales y de los aparatos provinciales. Aunque desde luego, siempre habrá que ceder algo. Queda por verse cuánto.
Nazareno y su bocaza
La batalla por el adecentamiento de la Corte prosperó en estos días. El enemigo, Julio Nazareno, hizo cuanto pudo para agravar su situación, en especial, volviendo a abrir su boca durante un brindis con periodistas. La ocasión era pésima, pues Nazareno venía de ser regañado por sus pares, y porque la estrategia oficial es embocarlo por su falta de decoro verbal. Obnubilado, acorralado, sólo apuntalado por Eduardo Moliné O’Connor (de regreso tras cursar un posgrado en Roland Garros) Nazareno no supo capitalizar una bochornosa jugada de Juan Carlos Maqueda, la carta pública en que lo atacaba. El flamante integrante del tribunal al que accedió por una ventana impulsado por el duhaldismo, dio rienda suelta a una falta de tino y a un oportunismo que sorprenden aún en la Argentina. Imaginar su renuncia, mientras “los malos” permanecen en sus despachos sería una ingenuidad. Pero si ocurre lo que todo sugiere –dos o tres dimisiones de “automáticos” en cuestión de semanas o meses– el cordobés delasotista debería ahuecar el ala y salir por la misma ventana por la que entró.
Entre tanto, el juicio político avanza, funcionando como un violín. Los diputados peronistas parecen la Filarmónica de Filadelfia. Y los correligionarios radicales sumarán su granito de arena para acelerar los tiempos de la eyección del incontinente verbal Presidente de la Corte.
El día del waiver
El viaje presidencial a Brasil cumplió la, prevista, función de comunicar que el Mercosur es prioridad estratégica de este gobierno. La relación privilegiada con Lula, manes de la dialéctica, será un lastre a la cercana hora de sentarse a negociar con el FMI. Ocurre que el Brasil del PT ha asumido con los organismos internacionales el rol del mejor alumno. Y será complicado para la Argentina apartarse mucho de los –más que ortodoxos, más que exigentes– parámetros que pautó Lula. El gobierno ha sido muy ponderado en sus gestos con Colin Powell, evitando la obsecuencia menemista, pero también actitudes de infantil soberbia. Pero ni la correcta opción por Mercosur ni la dignidad gestual bastarán en una mesa de negociaciones con quienes, por decirlo con un eufemismo, no están enamorados de la Argentina. Las exigencias como siempre serán descomunales y el poder de presión es bastante mayor que los antagonistas políticos locales que viene eligiendo el gobierno.
De su lado, el gobierno tendrá sus convicciones, la muñeca de Lavagna, cierto interés que puedan tener los Estados Unidos en que se reabra el juego de las concesiones de servicios públicos. Y habrá que ver cuánto puede interpelar al pueblo argentino para pedirle apoyo, comprensión y sacrificios.
Los primeros días han sido de acumulación, merced a decisiones claras, bien comunicadas y a la elección de enemigos tan odiosos como vencibles. Las batallas por venir son más duras, qué duda cabe, y la voluntad no bastará para sobrevivir. Pero así como el gobierno viene asumiendo que “está condenado” a llevar la iniciativa y a una perpetua revalidación también parece tener una sabiduría primaria, despreciada por el menemismo y soslayada por la Alianza: entender para qué arco hay que atacar y cuál hay que defender.

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 ¿QUE ES LA SEGURIDAD JURIDICA?

Sujeto y predicado

Los descontentos con el nuevo gobierno reclaman por la seguridad jurídica, concepto que se aplica tanto a la renegociación de los contratos con las empresas privatizadas y los acreedores externos como a la renovación del personal en la Corte Suprema de Justicia o los entes reguladores. Durante los tres lustros pasados esto significó superganancias con nulo riesgo para un grupo de privilegiados. Cambiar esa lógica es un campo central de debate.

 Por Horacio Verbitsky


El vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, el norteamericano David de Ferranti, especializado en programas sociales, vivienda, obras sanitarias y financiamiento para la salud, entregó un fajo de más de cien páginas al ministro de Planificación Federal, Inversiones y Servicios, Julio De Vido. Contenía las recomendaciones del organismo sobre los criterios de regulación para los servicios públicos privatizados. De Vido lo entregó a un asistente con la solicitud de que fuera traducido al castellano y comentó: “Supongo que incluirá un capítulo de autocrítica”. El viceministro de Economía Oscar Tangelson se hundió en su sillón, más inquieto que De Ferranti. De Vido dijo que la Argentina era responsable por los malos reguladores designados pero que el Banco era corresponsable, porque les había suministrado el libreto. En verdad, no sólo el libreto: en varias de las empresas privatizadas el organismo auditor es al mismo tiempo accionista privilegiado, a través de la Corporación Financiera Internacional.
Tanto Néstor Kirchner como De Vido ya habían anunciado que no habría aumentos de tarifas a cuenta sino una revisión integral de cada contrato y nuevos marcos regulatorios. En algunos casos como las rutas federales licitadas por el ex ministro Roberto Dromi y renegociadas por Domingo Cavallo y Nicolás Gallo, los contratos caducan en octubre y no se renovarán. Esto implica terminar con la renegociación interminable, cada vez con nuevos beneficios para los concesionarios, que cobran peaje a los automovilistas y, además, subsidio del Estado, y volver a licitar las rutas. Los concesionarios han elogiado esta decisión que, en cambio, ha sido objetada por el Instituto de Estudios y Formación de la CTA. Un estudio realizado por Claudio Lozano y Martín Schorr impugna el concepto de borrón y cuenta nueva, y sostiene que las empresas obtuvieron beneficios extraordinarios en dólares mediante la integración vertical entre peajistas y constructoras e incumplieron con el 65 por ciento de las inversiones comprometidas. A su juicio, “recuperar las rutas por parte del Estado supone el manejo de una herramienta estratégica en materia de precios relativos y competitividad”. La autoridad pública ganaría con ello unos 700 millones de pesos anuales “que podría poner en función de obras de infraestructura vial debidamente auditadas, fuertemente intensivas en mano de obra y evitando las tradicionales maniobras de sobrefacturación que resultan de la natural colusión entre concesionarios de peajes y constructoras”. En otros casos, como los del Correo y los Aeropuertos, el gobierno exigirá a los concesionarios el pago del canon atrasado y, si no cumplen, rescindirá los respectivos contratos. En todos, se modificará el marco regulatorio que permitió tantos abusos, lo cual implicará también una renovación del personal, ya sea por resolución ministerial, decreto o ley, según sea necesario.
Primero que pague
La concesión del Correo fue ganada por un consorcio integrado por dos empresas del grupo SOCMA (Sociedades Macri) y el Banco de Galicia. Otra empresa de SOCMA, Servicios Viales, administra uno de los 19 corredores viales adjudicados por Menem. La Auditoría General de la Nación estudió ambos contratos y sus conclusiones fueron demoledoras. Recomendó rescindir el del Correo Argentino por la suma de incumplimientos del concesionario y sostuvo que Servicios Viales recibió una indemnización indebida por 65,6 millones de dólares cuando en realidad debía ser deudora del fisco por 10,4 millones. Ese premio equivale a la quinta parte del total de 322 millones de dólares reconocido por el Estado a los peajistas. A raíz de ello la Oficina Anticorrupción presentó una denuncia contra el ex presidente Fernando de la Rúa y cinco de sus ex ministros (Domingo Cavallo, Chrystian Colombo, José Luis Machinea, Carlos Bastos y Nicolás Gallo) por fraude contra la administración pública, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la función pública. Ya en junio de 2001 el entonces subsecretario de Recursos y Ejecución Presupuestaria, Rubén Torres, había recomendado a la Jefatura de Gabinete la rescisión del contrato del Correo. La semana pasada Franco Macri solicitó una audiencia con De Vido para discutir la situación del Correo, que se declaró en convocatoria de acreedores, no paga al Estado el canon comprometido y reclama una suma próxima a los mil millones de pesos por presuntos incumplimientos oficiales que el Estado nunca reconoció. De Vido le hizo llegar la respuesta a través de su secretaria:
Primero que pague el canon. Después hablamos.
Usuarios sin embajador
La situación del Correo también fue tema de la conversación que el saliente embajador de los Estados Unidos, James Walsh, mantuvo con el ministro que llegó del frío. Durante el último fin de semana Walsh se reunió en la ciudad uruguaya de Colonia con empresarios y diplomáticos y declaró al diario La Nación que “la seguridad jurídica sigue siendo el gran desafío de los argentinos”, frase insidiosa aun en labios amables como los de Walsh. Durante el encuentro con De Vido, Walsh quiso saber si el gobierno se proponía reestatizar la prestación del servicio postal (que sólo es por completo privado aquí, en Nigeria y en Burundi).
Si el concesionario no cumple con el contrato, vamos a relicitar el Correo. Si Federal Express se presenta a la licitación con una buena oferta, se la adjudico. Pero si no se presenta no voy a cerrar el Correo –le respondió De Vido.
Luego le explicó su idea de una armónica sinergia entre el sector público y el privado, en la que habría espacio también para microcooperativas de trabajadores que construirían viviendas y realizarían el mantenimiento de hospitales y escuelas. De este modo se reproduciría una experiencia que Kirchner y De Vido realizaron en Santa Cruz en 1999 cuando las compañías petroleras racionalizaron un 10 por ciento de su personal de un día para otro. Otro esquema que se intentará repetir es el del entubamiento del arroyo Cildáñez, en La Matanza. Además de su valor simbólico como reivindicación histórica de la zona más poblada del Gran Buenos Aires, la obra debería generar unos 300 puestos de trabajo que las constructoras privadas se obligan a cubrir con desocupados de la misma zona.
Otro diplomático que deja el país es el embajador francés Paul Dijoud, quien durante un agasajo de empresarios calificó a Roberto Lavagna de héroe por su desempeño al frente de la economía argentina en 2002. Dijoud aboga aquí por los intereses de Telecom y Aguas Argentinas. En su primer encuentro con De Vido, dijo que esas compañías de origen francés habían sufrido mucho.
Los usuarios argentinos también. La diferencia es que no han tenido un embajador que los defendiera –le respondió De Vido con una sonrisa campechana.
El ministro de Planificación consulta con frecuencia sobre estos temas al Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, al ex subsecretario de seguridad de Duhalde, Carlos Vilas, y a la flamante subsecretaria de Defensa del Consumidor del ministerio de Economía, Patricia Vaca Narvaja, quienes suelen poner el acento en la seguridad jurídica de los usuarios, cuyos intereses no fueron atendidos en las sucesivas renegociaciones contractuales. También coinciden en la realización de audiencias públicas en todos los casos, de modo que la sociedad pueda escuchar y ser oída y no se aprueben aumentos o modificaciones contractuales en las sombras, como fue la regla hasta ahora. Lavagna había incluido en el proyecto de ley marco para las renegociaciones el reemplazo de las audiencias por unas denominadas “consultas públicas”, que se reducían a un electrónico derecho al pataleo por el cual los usuarios podrían dejar constancia de su desacuerdo en una página de Internet, pero no discutir cara a cara con los funcionarios y con los representantes de las empresas prestadoras. El secretario legal y técnico de la presidencia, Carlos Zanini, está revisando ahora el texto que se enviará al Congreso, en el que reaparecerán las audiencias públicas, en línea con las palabras que Kirchner pronunció en La Matanza al anunciar la primera obra pública que se iniciará bajo su gobierno: “Juntos y organizados podremos terminar con la Argentina injusta de la concentración económica y la desigualdad en la distribución del ingreso”.
Ser y parecer
El martes 10, Kirchner escuchó otra versión acerca de la seguridad jurídica, de labios del ministro estadounidense de Relaciones Exteriores, el general Colin Luther Powell, quien le transmitió el reclamo que le había llegado desde la Corte Suprema de Justicia de su país. Tres de sus jueces, el ultraconservador Antonin Scalia, Sandra Day O’Connor y Anthony Kennedy mantienen relaciones con el vicepresidente de su caricatura argentina, Eduardo Moline O’Connor. Todos ellos estuvieron aquí, invitados por la Corte Suprema a instancias de Moliné. Con la oposición de Enrique Petracchi y Augusto Belluscio, el tribunal argentino se hizo cargo de los pasajes en primera clase y el alojamiento en hoteles de cinco estrellas de los magistrados estadounidenses, quienes participaron en actividades académicas organizadas por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia. El ex presidente de ese órgano creado por el menemismo, Rodolfo Luis Vigo, recordó en un trabajo académico una conferencia sobre ética judicial del juez Kennedy. Si en una reunión social en algún momento un juez quedara a solas con un abogado que tuviera un litigio en su tribunal, debería llamar de inmediato a un tercero para que fuera testigo de la conversación, sostenía. En Estados Unidos los grupos de interés conservadores y liberales prevén que en las próximas semanas podría producirse una vacante en la Corte Suprema de Justicia y han comenzado a prepararse para conquistar el favor de la opinión pública. Una fundación favorable a la libertad de elección reproductiva abrió el fuego con un aviso en el que una mujer lee con estupor la portada de un diario que dice: “Prohíben el aborto. La Corte niega el derecho de elección”. Es decir, se discuten temas de enorme trascendencia colectiva que dividen a la sociedad según líneas ideológicas o filosóficas, no por lealtades personales o protección para los negocios turbios de los amigos. Grupos de presión de ambos bandos han comenzado a reunirse para discutir sus estrategias y cada uno ha formado dossiers acerca de un buen número de posibles candidatos, lo cual implica un saludable escrutinio previo de sus calidades intelectuales y morales. Ninguna de estas prácticas ha regido en las pampas chatas.
¿Ignorancia o malicia?
Ante la inquietud de Powell, Kirchner respondió que nada se haría al margen de los procedimientos constitucionales del juicio político, similares a los que los estadounidenses pusieron en práctica con la mayor publicidad hace pocos años. Como era de esperar, Powell se dio por satisfecho con haber introducido en la agenda un tema que se encargarán de seguir algunos especialistas nativos. Es una involuntaria ironía que entre ellos se destaque el ex secretario de Hacienda de la dictadura militar, Juan Alemann, quien además se asoció con el socio de Carlos Menem en el diario La Razón. En sus páginas firmó un editorial en el que afirma que Kirchner pretende ubicar en la Corte Suprema “a personas afines a su pensamiento”. Con toda soltura añade que de ese modo el gobierno “pretende darle un sentido más laxo al derecho de propiedad, en el sentido del derecho socialista, que condiciona tanto a la propiedad privada, que le cambia la esencia. Este es el temor que existe en esta cuestión, ya que se apuntaría hacia un Estado de derecho distinto, que para empresarios e inversores ciertamente no es confiable”. Alemann imputa a políticos y a “ciertos periodistas” haber demonizado a la Corte Suprema y ser responsables de su “mala imagen”. Con una ignorancia llamativa aun para un lego en temas jurídicos, afirma que los periodistas “tienen una deuda de gratitud con esta Corte” porque “estableció el principio de la real malicia, o sea, que un periodista puede equivocarse, pero que si es advertido del error y publica la corrección, no cabe un juicio por calumnias e injurias” (sic). Alguien también le hizo creer que “la Corte estableció que no se podía invocar la defensa de la privacidad cuando se trataba de casos de trascendencia pública y/o que involucran a altos funcionarios o políticos”, es decir lo contrario de lo que el tribunal dictaminó en la causa de Menem contra la revista Noticias, que ha motivado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, patrocinada por la Asociación Periodistas.
“Justicia de clase”
Más sofisticado pero no menos amenazador, el presidente de la International Bar Association, Emilio J. Cárdenas, advirtió que en el fuero penal federal no existe el secreto de los sumarios. “Las causas se convierten en folletines mediáticos y, a través de ellas, el honor de las personas inocentes es fácilmente despedazado”, escribió en La Nación. Cárdenas levanta principios liberales inobjetables, como la presunción de inocencia, e interpreta que ha sido “reemplazada por la de culpabilidad”. Parece creer, o lo finge, que éste es un fenómeno reciente, tal vez porque sólo analiza su propia experiencia. Pero se guarda una carta en la manga. Para que el público tuviera todos los elementos de juicio a su disposición sólo le faltaría consignar que el juez Mariano Berges lo procesó y lo dejó en libertad a cambio de una fianza de 100.000 pesos, en una causa por administración fraudulenta de la descontadora de aportes jubilatorios Máxima, y que también fue citado por el juez federal Claudio Bonadío, como testigo en la causa por las coimas en el Senado.
En lugar de ello, Cárdenas sostiene que “algún periodismo (llamado ‘de investigación’) condiciona constantemente a la opinión pública en lo que aparece como una suerte de ejercicio destructivo, sin límites de ningún tipo, donde el éxito legítimo tiene connotaciones automáticas de deshonestidad. Miles de delitos flagrantes no se investigan siquiera, al tiempo que las persecuciones mediáticas alimentan una suerte de resentida y disociadora ‘justicia de clase’”. Cárdenas es el banquero que sin transición pasó de denunciar al gobierno de Menem y Duhalde como una cleptocracia a representarlo como embajador ante las Naciones Unidas. Este año era uno de los candidatos del menemismo a la cancillería. Su opinión es representativa de un sector tan minúsculo como poderoso: los éxitos que sus integrantes han obtenido en los mismos años en que el conjunto de la sociedad se hundía en la miseria y la desesperación es, por definición, legítimo, y cualquiera que tenga algún reparo que oponer es un rencoroso jacobino, ya sea un juez, un periodista o un mandatario constitucional.
Cinco por uno
Algo similar debe pensar del diputado Mario Cafiero y de los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado, quienes pidieron el procesamiento por abuso de autoridad, fraude, malversación de caudales públicos y asociación ilícita a los responsables del Mecaganje de junio de 2001, entre ellos De la Rúa, Cavallo, Colombo, Horacio Tomás Liendo (h.), David Mulford, el ex Procurador del Tesoro Ernesto A. Marcer y los directivos de los bancos que intervinieron, entre ellos el de Hong Kong y Shangai, del que Cárdenas era director ejecutivo. Los peritos de la defensa, encabezados por quien Menem había presentado como su hipotético ministro de Economía, Carlos Melconian, fueron quince luminarias del sector financiero, entre ellos el ex presidente del Banco Central de la dictadura, Ricardo Arriazu. Reconocieron en forma implícita que el Megacanje implicó un perjuicio para el Estado, al afirmar que “desde un punto de vista financiero y económico, evitó un perjuicio mayor”. El perjuicio mayor hubiera sido el default, que de todos modos se produjo pocos meses después. Como resultado, la deuda pública se incrementó en alrededor de 55 mil millones de dólares, a cambio de postergar unos 11 mil millones que vencían entre 2001 y 2005, versión financiera del 5 por 1. El comité de bancos creado por decreto, fusionó al acreedor con el deudor en forma dolosa y premeditada, anulando la capacidad de negociación del Estado. “Se generaron así compromisos totalmente exorbitantes a la capacidad de pago de la Argentina. Mediante una operación financiera disparatada, realizada entre gallos y medianoche con el concurso de un puñado de funcionarios, se pretende obligar a toda una generación de argentinos a pagar a lo largo de su vida útil laboral una enormidad de dinero”, sostiene Cafiero. Según el legislador del ARI violaron el artículo 65 de la ley 24.156 de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, según el cual la reestructuración de la deuda pública sólo es admisible si implica “un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales”, es decir todo lo contrario de lo sucedido. A raíz de ello, Cafiero también solicitó al juez federal Jorge Ballesteros la nulidad del Megacanje y una medida cautelar para que hasta que haya pronunciamiento sobre ese punto el Poder Ejecutivo “se abstenga de comenzar la renegociación de la deuda externa en bonos”. Pura seguridad jurídica.

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